Domingo 13 de julio del 2008 El País

Defensores del sector indígena con proyección internacional

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MADRID. El jurista Raúl Ilaquiche durante una conferencia sobre el reconocimiento de los derechos de los indígenas en el país.

Bartolomé de las Casas es el premio que recibió Raúl Ilaquiche por la defensa indígena.

Héroes CNN es la condecoración que obtuvo Pablo Fajardo por proteger el medio ambiente.

Que los pueblos indígenas mantienen su identidad y conservan aún sus tradiciones es lo que Raúl Ilaquiche, abogado de 34 años, pretende demostrarle al mundo.

Por este motivo, Ilaquiche puso a disposición su cargo como diputado por el movimiento Pachakutik, para dedicarse a compilar documentos sobre las distintas formas de administración de justicia indígena que existen en el Ecuador.

Por esta labor, Ilaquiche, líder de la comunidad Tigua Yatapungo, en la provincia de Cotopaxi, recibió el pasado 1 de julio el reconocimiento Bartolomé de las Casas.

“Este premio permite decir al mundo que los pueblos indígenas existimos, luchamos como colectividades con características, identidades, idiomas y cultura propias. Lo más grave es que hay un desconocimiento generalizado y no se respetan derechos”, dice Ilaquiche.

El jurista manifiesta que la estructura del Estado debe dar un paso a favor de la diversidad de pueblos y culturas.

Una de las formas de hacerlo, deduce Ilaquiche, es que se tomen en cuenta las circunscripciones territoriales indígenas y se aumenten los recursos económicos para este sector.

Para esto, recalca, es indispensable que el Gobierno cree leyes que defiendan los derechos indígenas, lo que implica también respetar la Constitución e incluirlos en la toma de decisiones.

Además de la colaboración del Estado, el líder indígena cree que es importante el papel de los medios de comunicación para demostrar la verdadera riqueza de la diversidad cultural del Ecuador.

Ilaquiche, quien ocupó la Vicepresidencia de la Ecuarunari, enfatiza que es importante perseverar por la unidad en la diversidad.

Para él es absurdo que todavía existan personas con pensamiento racista y excluyente que quieren desconocer la existencia de las colectividades indígenas en el país.

Aspira a que el sector indígena tenga su representación propia en el Poder Legislativo, su autonomía con sus recursos o el control de sus territorios, particularmente de los recursos naturales que haya en esa zona, que no son solo de los indígenas sino que –afirma– “previo acuerdo y por porcentajes deben compartirse con el resto de la sociedad ecuatoriana”.

Sin embargo, aclara que “un Estado plurinacional no puede ser solo de indígenas, pues todos los ecuatorianos deben ser reconocidos en igualdad de condiciones, respetando cada una de las diversas características particulares”.

Por esta razón pide a los beneficiarios de este proyecto  trabajar en conjunto para conseguir mejores espacios, derechos, procesos de lucha y generar más debate. 
Ante esto él sostiene que los derechos indígenas están en la Constitución, pero debido a la falta de estrategias no se han podido implementar.

Trabajo de la Asamblea
Al referirse al trabajo de la Asamblea indica que se está ratificando el principio de la justicia indígena que desde 1998 lo recoge el artículo 191 de la Constitución de la República, que señala que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán justicia, aplicando normas y procedimientos propios  en conflictos internos de conformidad con sus tradiciones.

No obstante, el nuevo  mandato esclarece cuestiones confusas que no permitían su ejercicio pleno, como por ejemplo la jurisdicción, las competencias de quienes pueden resolver conflictos o a quién, dónde y cómo aplicar los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Considera un aporte de los pueblos indígenas a la sociedad para el cambio del modelo económico el proyecto de la Carta Política del principio del Buen Vivir. El ‘sumak kausay’ es el fin último de los pueblos indígenas y está relacionado con la protección del medio ambiente.

Indica que se están dando cambios sustanciales que van a permitir hacer un nuevo país.

Sobre las acusaciones de racismo contra Rafael Correa, Ilaquiche afirma que no permitirá que un gobierno que tiene vínculos con movimientos sociales pretenda desconocerlos.

Además, el jurista sostiene: “Si se niega lo que dice la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que protege la libre determinación de los pueblos y su derecho a la autonomía o el autogobierno, no habrá  gobernabilidad ni democracia y estaremos en permanente confrontación”.

Respetar esta ley le ha permitido compartir con su esposa, Lourdes Tibán, de 39 años, no solo su profesión, ambos son abogados, sino también participar en organizaciones como la Ecuarunari, el MICC (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi) y la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

Ilaquiche reconoce que en el movimiento indígena se han dado grandes cambios gracias a la igualdad de género, pues cada vez hay más mujeres que conducen  sus comunidades.

El País

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