El debate sobre lo que constituye libertad de expresión o discurso de odio quedó zanjado en Estados Unidos. Según la Primera Enmienda de la Constitución, los diarios y revistas pueden decir lo que quieran sobre minorías y religiones –hasta falsedades, provocaciones o cosas desagradables– sin que haya consecuencia legal.
Ese no es el caso en buena parte del mundo. Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suráfrica, Australia e India tienen leyes o firmaron convenciones internacionales que prohíben el discurso de odio. Israel y Francia prohíben la venta de elementos nazis como esvásticas y banderas. En Canadá, Alemania y Francia, negar el Holocausto constituye un delito.
En 2006, una revista canadiense publicó un artículo en el que se sostenía que el ascenso del islam amenazaba los valores occidentales.
El tono del artículo era burlón y mordaz, pero no decía nada que las revistas y los blogs conservadores de Estados Unidos digan a diario sin temer represalias legales.
Las cosas son diferentes en Canadá. La revista fue a juicio. Dos miembros del Congreso Islámico Canadiense afirman que Maclean’s, el principal semanario canadiense, violó una ley provincial sobre discurso de odio y alentó el odio contra los musulmanes.
El artículo de Maclean’s, titulado “Por qué el futuro le pertenece al islam”, era un extracto del libro America Alone (Estados Unidos solo), de Mark Steyn. El título era muy adecuado, porque el tratamiento que se da en los Estados al discurso de odio, y a muchas otras áreas de la ley, supone un camino legal muy característico.
Algunos destacados académicos legales señalan que Estados Unidos debería reconsiderar su posición sobre el discurso de odio.
“No me resulta evidente que los europeos estén equivocados”, escribió en mayo el filósofo del derecho Jeremy Waldron en New York Review of Books, “cuando sostienen que una democracia liberal debe asumir la responsabilidad afirmativa de proteger la atmósfera de mutuo respeto contra determinadas formas de ataque”.
El profesor Waldron escribía la reseña de Libertad para el pensamiento que odiamos: una biografía de la Primera Enmienda, de Anthony Lewis, ex columnista del New York Times. Lewis critica los intentos de utilizar la ley para limitar el discurso de odio. Sin embargo, hasta Lewis, que es un liberal, escribió en su libro que se inclinaba por hacer más laxas algunas de las protecciones más estrictas de la Primera Enmienda de la Constitución.
Instaba de forma específica a reexaminar la insistencia de la Suprema Corte en que sólo hay una justificación para que la instigación se convierta en delito: la probabilidad de una inminente violencia.
Harvey A. Silverglate, un abogado de libertades civiles de Cambridge, Massachusetts, se mostró en desacuerdo. “En momentos difíciles”, señaló, “parece haber una tendencia a decir que hay demasiada libertad.” Agregó: “La libertad de expresión es importante porque funciona. La observación y el debate son más eficaces que la censura para combatir el discurso de odio”.
La Primera Enmienda, claro, no es absoluta. La Suprema Corte señaló que el gobierno puede prohibir amenazas o palabras violentas.
Steyn declaró que lo que había pasado en Canadá ilustraba algunas distinciones importantes. “Con esto aprendemos la diferencia fundamental entre Estados Unidos y los países que, en un sentido amplio, son sus primos legales”, agregó Steyn. “Los gobiernos occidentales se sienten cada vez más cómodos con la regulación de la opinión. La Primera Enmienda diferencia a Estados Unidos, no sólo de Canadá, sino también del resto del mundo occidental”.
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