Situación económica desmejoró pensiones de los ex gendarmes que obtienen ingresos extras de cuidadores.
Hasta hoy sueña que le mandan al rancho (almuerzo), pero no le dan la comida. Sueña que le ordenan ir a dormir, pero en la cama no hay un colchón porque está en el cuartel. A pesar de que dejó de lucir el uniforme verde oliva hace 32 años, el cabo primero Avelino Frutos, de 70 años, mantiene en sus recuerdos a la Policía Nacional.
“Me acuerdo del compañerismo que había, de los malos prefiero no acordarme”, dice, y hace un recuento de labor. “Estuve en servicio urbano, rural y tránsito en Cuenca, Ibarra, Guayaquil y Ambato”, dice, y se retiró a los 15 años de servicio, como se establecía entonces.
Al dejar la institución recibía como pensión 1.860 sucres, con la dolarización llegó a $ 200, que asegura no le alcanzan para mantener a tres de once hijos que aún están en edad escolar. De esa pensión le descuentan por maternidad y enfermedad, servicio que no utiliza porque las recetas resultan caras en el hospital de la Policía. Prefiere atenderse en el centro de la Contraloría, donde no paga, cuenta Sub, como lo llaman en la calle Yaguachi, en el norte.
La situación lo obligó a probar diferentes oficios, pero desde hace cuatro años encontró uno que lo hace feliz: cuidar autos en las calles aledañas a la Contraloría. “Aquí soy empresario, paso tranquilo y mando yo. Por aquí hay abogados que antes eran coroneles, que me ordenaban que estacione sus autos, ahora me piden de favor. Ahora yo dispongo”, narra entre risas, controlando todo el tiempo que los dueños de los autos le den una monedita.
En ese sector de la capital pasa de 07:30 a 18:00 y gana entre 15 y 20 dólares diarios por las propinas. No reniega de su situación, pero cree que no sería así si tuviera una pensión que le permitiese vivir dignamente.
Desde los ochenta luchó porque las pensiones sean mejores. Junto a un grupo de policías retirados fundó la Asociación de Clases y Policías de Pichincha, para reclamar por lo que considera justo: una mejora de pensiones. El presidente actual del gremio, Jacinto Pacheco, explica que la dolarización empeoró la situación. En ese grupo también están las pensionistas de montepío y las viudas.
Elvia Ponce, de 70 años, recibe por montepío $ 60 desde hace 27 años, tras la muerte de su padre, el sargento segundo Miguel Ángel Ponce. “Esa es una pequeña ayuda, pero no alcanza”, sostiene la mujer que trabaja vendiendo artesanías, en lo que gana $ 30 más, que los usa para poder subsistir.
Por eso, Elvia comenta que ha participado en marchas de protesta para exigir la mejora de sus pensiones, pero ni el Gobierno los escucha.
“Como somos de tropa, cogemos el sueldo más pequeño”, sostiene.
Pero hay pensiones menores, que van entre $ 8,63, $ 10 y $ 45. El coronel Rodrigo Suárez, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), es tajante: “Las pensiones se calculan según el número de años de servicio y el grado al momento del retiro”, dice.
De acuerdo con la ley de la Isspol, el seguro de retiro es la prestación en dinero de carácter vitalicio al que accede un policía cuando pide la baja. Debe acreditar un mínimo de 20 años de servicio activo y tendrá derecho a una pensión de retiro equivalente al 70% del sueldo vigente a la fecha de la baja.
Por cada año adicional de servicio tendrá derecho a un 3% más, hasta llegar al 100% con 30 o más años de servicio.
En caso de montepío se establece que si el asegurado muere por actos de servicio, la cuantía de la pensión será del 100% del sueldo vigente.
El aspirante a oficial o policía recibirá el 70% del salario. Por invalidez, si no cumplió 20 años de servicio, pero tiene 5 años en la institución, la pensión será 40%. Por menos tiempo no recibe nada.
Pacheco dice que la ley no se cumple. “Nos pagan lo que les parece; en otros países, cuando la persona concluye con su servicio al país, se convierte en los mimados del Estado. En Ecuador la enfermedad más grande es llegar a la vejez”, dice.
No hay certeza de los cálculos que se hacen para pagar las pensiones, ni por qué son esos montos. Lo que sí quedó en evidencia es que la Isspol estuvo a punto de la quiebra y la descapitalización por el mal manejo administrativo y financiero, según lo denunciaron coroneles y generales en retiro que prefieren la reserva de sus nombres.
Para solucionar el problema echaron mano a la plata de los mismos beneficiarios, se decidió que se descontaría el 8,14% de sus pensiones, para fortalecer el fondo de retiro, invalidez y muerte. Ese descuento, que se hizo desde enero del 2000, se eliminó el año pasado. Esto a pesar de que expertos contratados anunciaron que ya no era necesario tener ese fondo.
El director del Isspol asegura que ese aporte era “voluntario”, por una decisión adoptada en el 2000 por la Federación de Policías (Fepol) para mejorar sus propias pensiones. “Sé que un policía se queja por dos o tres dólares, sin pensar en que cuando se retire tendrán mejor servicio; es gente resentida, todo le parece mal. Le interesa más dos o tres dólares para tomarse una botella o malgastar, antes que pensar en el futuro de su familia cuando se retire”.