Lo aprobó la Asamblea. También la distritalización  y la eliminación de la prefectura de Galápagos. Los consejeros son reemplazados por alcaldes y habrá viceprefectos electos.

Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20 mil km² y habitantes que en conjunto sean superior al 5% de la población nacional formarán regiones autónomas en un periodo máximo de ocho años, después de que el Legislativo expida una nueva Ley de Ordenamiento Territorial, según los artículos aprobados anoche en el pleno.

En medio de una accidentada sesión porque básicamente no se declaró como un Régimen Autónomo a Galápagos, los asambleístas de mayoría eliminaron la posibilidad de que Manabí, que es una sola provincia con cerca de 18 mil habitantes, pueda constituirse por sí sola en región autónoma como estaba previsto en un inicio, lo cual provocó el disgusto de los asambleístas manabitas de PAIS. El artículo tuvo 77 votos a favor y 24 en contra.

Los textos que llegaron a la votación final eliminan: el art. 2.8, que daba a los pueblos ancestrales la capacidad de tener circunscripciones especiales; la disposición transitoria que declaraba a La Manga del Cura (territorio costero que no tiene definición específica) como cantón; el artículo en el que se garantiza a la Amazonía el reconocimiento de Región Especial con los recursos que le dejan la Ley 010 y la Ley 047; y quita a Galápagos la posibilidad de que tenga una Prefectura.

Con lo aprobado por el pleno, las regiones autónomas serán uno de los seis niveles de gobierno, incluidos los distritos metropolitanos, junto al gobierno central, provincial, municipal y juntas parroquiales. La nueva Constitución establece las competencias de cada nivel y dedica un capítulo  para determinar los recursos.

Los únicos municipios que reúnen las condiciones para ser distritos metropolitanos  son Guayaquil y Quito, que tienen cantones en los que existen conurbaciones (área urbana formada por núcleos que en principio eran independientes) y  cuentan con un número de habitantes mayor al 7% de la población nacional.

Los distritos metropolitanos autónomos, el Archipiélago de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales.

La Asamblea ratificó que los consejos provinciales se conformarán con un prefecto, alcaldes o vicealcaldes en representación de los cantones y por representantes elegidos entre los presidentes de las juntas parroquiales rurales; los regionales, con un gobernador y consejeros de elección popular.

Los gobiernos autónomos generarán sus propios recursos y participarán de al menos el 20% del total de los ingresos del gobierno central, excepto los del endeudamiento público. La transferencia de competencias tendrá respectivos recursos.

En las transitorias se estableció que el Gobierno producirá la cartografía geodésica en no más de dos años y, para resolver los conflictos limítrofes existentes, el Presidente de la República remitirá en dos meses proyectos de ley a la Asamblea y pedirá una consulta popular para resolver su pertenencia.

Asambleístas amazónicos de la oposición y del Gobierno dejaron pendiente la votación de la disposición que preveía que si se suprimen las preasignaciones, el régimen establecerá los fondos en el presupuesto para compensar.

La Asamblea tenía previsto ratificar que el Congreso ya no se encargará de nominar o designar a las autoridades de Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, superintendencias y el Consejo de Participación Ciudadana, que son parte de la nueva Función de Transparencia y Control Social, durarán cinco años en sus funciones, tendrán fuero de Corte, estarán sujetos a juicio político y serán seleccionados a través de concurso público de oposición y méritos, con veeduría.