La Intendencia de de Policía prepara dos nuevas clausuras de radios por ilegalidades.

La intendenta de Policía del Guayas, Fátima Campos, recibió ayer una notificación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel), que dispone la clausura de otra estación radial de Guayaquil. La funcionaria, sin embargo, evitó revelar su nombre y la hora y fecha en que procederá a la diligencia policial.

En sesiones del 4 y 11 de junio pasado, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) resolvió no renovar la concesión de quince emisoras  basado en informes de la Suptel que indicaban que  no cumplían con los parámetros técnicos y legales (ver gráfico).

De las quince emisoras, cuatro son de Guayaquil: Sucre, Cupido, El Mundo y Águila. Las dos primeras, propiedad del concejal socialcristiano Vicente Arroba, ya fueron clausuradas el lunes por la intendenta en un sorpresivo operativo.

En ese caso, según la Suptel, ambas estaban operando con frecuencias de enlace (que llevan la señal de la estación a las antenas) ilegales.

Ernesto Pazzos y Johnny Coppiano, propietarios de El Mundo y Águila, señalan que sus estaciones están todavía al aire porque, según su criterio, están operando bajo los parámetros legales, aunque están a la expectativa de la actuación de la intendenta.

Ambos dicen que se enteraron de la decisión del Conartel hace tres semanas, pero la Suptel recién los notificó el lunes pasado. Antes de recibir esa información, ambos presentaron apelaciones ante el organismo que están en trámite.

El problema de El Mundo, según su propietario, se originó porque debía al Conartel $ 90 que ya canceló. Pazzos dijo que en el 2005 solicitó permiso al organismo de control para cambiar la ubicación de sus antenas y hasta les entregaron estudios técnicos, pero no recibieron respuesta.

Coppiano dice que la emisora realizó un cambio de lugar de sus transmisores que fue informado a la Suptel, pero esta no recogió la información.

Pazzos y Coppiano insisten en que no existe comunicación entre las autoridades del Conartel y la Suptel.

La Ley de Radiodifusión y Televisión les da un plazo de 30 días para apelar la decisión ante el Conartel. Pero existe un pronunciamiento de la Procuraduría que señala que las clausuras deben ejecutarse ipso jure (de forma inmediata) en tres situaciones: la muerte del concesionario, la devolución voluntaria de la concesión y la terminación del plazo de vigencia de esta, que es de diez años.