La nuestra es una democracia plagada de parches y remiendos a causa de polillas y comejenes que sistemáticamente han debilitado su estructura, pero eso es lo que tenemos. Y nuestra obligación como ciudadanos es utilizar todo tipo de repelentes y preservativos para evitar que los agujeros que la deterioran ensanchen su diámetro cada día más.
En estos días se discute en Montecristi cuál deberá ser la conducción del tema legislativo luego de que la Asamblea Constituyente termine su trabajo el próximo 26 de julio, y entiendo –por las noticias de prensa– que hay una gran inclinación entre los asambleístas por designar a un grupo de sus pares –que podría estar integrado por una treintena o algo más– para formar una especie de “congresillo” que cumpla con la tarea de hacer las leyes.
Es una mala idea, pues carece de sustento democrático. Si la nueva Constitución es aprobada en el referéndum, lo procedente es convocar de inmediato a elecciones legislativas de acuerdo con las normas que la misma Ley Suprema establezca, para que el país no siga estando huérfano de un Parlamento que conozca las leyes y discuta y analice los temas políticos y sociales que agobian al país, pues los constituyentes –aunque con plenos poderes– no fueron elegidos para producir legislación ordinaria luego de cumplida su misión de dictar una nueva Constitución.
Ellos pueden decidir a través de una Disposición Transitoria que exista un pequeño aparato legislativo que cumpla ciertas funciones esenciales que usualmente corresponden al Congreso o a la Asamblea Nacional en todos los países democráticos del mundo, pero lo que no pueden –sin violar la democracia– es convertirse, a través de una sorprendente alquimia propia de Macondo, en Congreso Nacional ni en Corte Suprema de Justicia ni en Tribunal Constitucional, y eso es tan claro que hasta los menos despiertos lo entienden. Sería una vergonzosa autodesignación, por lo que, si quieren insistir en crear un reducido organismo legislativo, más propio sería que la dicha Transitoria designe a un elenco de juristas de distintas vertientes ideológico-políticas para que elabore proyectos y absuelva consultas hasta que esté operando un Congreso en toda su regla.
La transformación institucional, para que verdaderamente sea tal, debe respetar a los ciudadanos, observando cada funcionario sus obligaciones sin traspasar el límite de sus atribuciones, con la suficiente imaginación para adecuar, sin traumas, las nuevas complejidades a la realidad.
Resulta un reto para los constituyentes resolver sin fundamentalismos y en democracia los conflictos de una sociedad heterogénea que reclama paz, trabajo y pan, palabras cuyas fonéticas le suenan cada día más lejanas.
Los abusos del poder siempre trajeron malas consecuencias, y lo sensato es saber escuchar la voz de la historia.