Óscar Ayerve, presidente de la Junta Nacional de acreedores de Filanbanco, defendió lo actuado por la AGD, pues asegura que son 60 mil ecuatorianos a quienes no se les ha devuelto su dinero.

En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Ayerve pidió al presidente Rafael Correa la conformación de una comisión especial que investigue también la administración de la AGD entre 1998 y 2001. Además del accionar de muchos "liquidadores, administradores y funcionarios de la Superintendencia de Bancos que participaron como cómplices, encubridores y actores del atraco bancario de Filanbanco".

El representante de los acreedores de Filanbanco explicó que esta medida cautelar abrirá el espacio para investigar a fondo el tema, "no se sorprenda de que los accionistas de muchas empresas sean testaferros, ahí aparecerán choferes o amanuenses como dueños de las empresas".

También indicó que los $ 661 millones de dólares que indica el informe de la auditora Deloitte no alcanzará para cubrir todo lo que Filanbanco debe.

Ayerve atribuyó a la corrrupción, el hecho de que los bienes que ya estaban incautados en la AGD no hayan sido rematados para pagar a los acreedores; y que su lucha contra uno de los sectores más poderosos -que ha significado la vida empresarial y política del Ecuador- lleva 7 años y continuará mientras sea necesario.

La incautación de más de 200 empresas supuestamente vinculadas a los hermanos Isaías, se sustenta en una resolución suscrita por Carlos Bravo, gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) con fecha de 8 de julio.

Según el escrito, se actuó en conocimiento de las pérdidas de Filanbanco, cortadas al 2 de diciembre de 1998, que ascienden a $ 661,5 millones, las mismas que fueron aprobadas por la Junta Bancaria en resolución del 26 de febrero del 2008, y en función del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera.