La Asamblea Constituyente blindó ayer, mediante mandato, la incautación de bienes del grupo Isaías ordenada por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), para recuperar una deuda de $ 661,5 millones.
El mandato aprobado con 87 votos a favor, 14 abstenciones y 2 blancos ratifica la validez de la resolución de la AGD dada el 8 de julio pasado, al incautar más de 200 bienes de los ex accionistas y ex administradores del Filanbanco, para devolver el dinero a los perjudicados por la quiebra del banco; y apoya las acciones que emprenda el gerente de la AGD como consecuencia de su resolución.
El mandato declara que la medida no es susceptible de amparo constitucional u otra acción, y si se hubiere interpuesto será inmediatamente archivada. Este punto se agregó a última hora. Los jueces que avocaren conocimiento de un proceso contra la resolución deberán inadmitirlas de plano, so pena de destitución.
La Asamblea, además, ordenó a la AGD aplicar el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, sin excepción, a todos los administradores y accionistas de bancos bajo el control de la AGD que estén incursos en la norma. También dispuso precautelar la estabilidad de los trabajadores.
La urgencia de aprobar un mandato por este tema fue tomada en una reunión del bloque PAIS; y ayer, a las 11:40, antes de instalar la sesión del pleno, se cambió el orden del día por pedido del jefe del bloque, Galo Borja, quien señaló que el 8 de julio del 2008 fue el día de la “esperada incautación de bienes de uno de los grupos causantes y beneficiarios de la crisis y del salvataje bancario”.
Alberto Acosta (PAIS) resaltó la decisión “valiente” del Jefe de Estado: “No se está decomisando los bienes de ninguna persona, se está recuperando el dinero de los ecuatorianos”.
En cambio León Roldós (RED) dijo que sí cree que el artículo 29 es aplicable al caso Isaías, pero después del primer paso dado debe seguirse el debido proceso, que incluye el derecho de defensa.
Coincidió en ello Vicente Taiano (Prian), al calificar de arbitraria la decisión de respaldo de la Asamblea porque “se está irrespetando el debido proceso, lo cual afecta la estabilidad jurídica del país”.
Ediciones Anteriores
