La consecuencia inmediata de la incautación de dos estaciones de televisión será, según ha señalado el nuevo administrador temporal, señor Enrique Arosemena, la de que Canal 10 y Gamavisión van a tener una “nueva línea editorial”.

Estas declaraciones resumen lo acontecido, que no es otra cosa que el fin de la libertad de prensa.

¿Deben los señores Isaías dinero al Estado? Si es así, que se les cobre hasta el último centavo. ¿Cometieron el delito de peculado y para lograrlo cometieron otros delitos, tales como el de falsificación, tal como lo ha señalado el nuevo gerente de la AGD? Si judicialmente se lo demuestra, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

Sin embargo, ¿es pertinente que a pretexto de una incautación jurídicamente cuestionada, se decida el cambio de la línea editorial de estaciones de televisión que únicamente de manera transitoria pueden mantenerse bajo esta situación jurídica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al hacerlo se viola la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, norma jurídica que está jerárquicamente sobre la ley de la AGD. Según la Convención, artículo 2, literal f)  debe entenderse por embargo preventivo o incautación, “…la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente”.

Lo que se busca con la incautación, luego de que juez o funcionario competente la ordene, es evitar su desaparición, es decir, evitar que los bienes se vendan, regalen, oculten o destruyan.

¿Es necesario para evitar que los bienes incautados desaparezcan, disponer para Telecentro y Gamavisión una nueva línea editorial que siga los postulados del canal estatal, que como se sabe,  está entregado absolutamente al Gobierno? Por favor, esto no es ético ni jurídico. Tal parece que lo que el Gobierno necesita es el control de los medios con miras a las próximas elecciones ya que de lo contrario no habrían obrado tomándose la línea editorial en la forma indicada.

Es evidente que una sociedad no puede ser considerada democrática si el Estado mantiene el control de la información y menos cuando estamos a las puertas de un proceso electoral en que se decide el futuro del país. Es lamentable que en  un escenario político tan difícil, esta incautación haya relegado a segundo plano el tratamiento de la reforma política.

Mucho se debatirá sobre la legalidad de la incautación. Criterios autorizados se encargarán de aquello. Lo que es inaceptable es la forma cómo se ha atacado a la libertad de prensa.

¿Cuánto tiempo van a estar estos medios en manos del Estado? Es repudiable que pueda pasar lo mismo que con el diario El Telégrafo.

Si lo que el Gobierno realmente quiere es cobrar las deudas, que la AGD disponga a  los organismos respectivos las prohibiciones de enajenar sobre los activos de Telecentro y Gamavisión y que de inmediato el Gobierno saque sus manos de la política editorial de los medios de comunicación. Si no lo hace, es claro que el absolutismo está presente y que terminará por envolver, tarde o temprano, a los demás medios.