El gobierno italiano de Silvio Berlusconi defiende a capa y espada el fichaje con huellas dactilares de los gitanos y rechaza las "indignas acusaciones de racismo" después de que el Europarlamento exigiera este jueves a Roma la supresión de la medida por ser "discriminatoria".

El gobierno italiano repudió con "fuerza e indignación" la resolución del Parlamento Europeo que pide el cese de la recolección de huellas dactilares de los gitanos en toda la península.

Tres ministros, entre ellos el canciller, Franco Frattini, y el autor de la medida, el ministro del Interior, Robero Maroni, defendieron ante la prensa extranjera la disposición, que consideran clave para resolver uno de los problemas sociales más controvertidos y delicados que padece el Viejo Continente.

El ministro italiano para los Asuntos Europeos, Andrea Ronchi, rechazó con firmeza la resolución del Parlamento Europeo, que calificó "uno de los aspectos más negativos de las instituciones europeas".

Los diputados europeos calificaron la medida de "acto de discriminación directa basado en la raza y el origen étnico, prohibido por el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

La resolución fue presentada por los diputados de centro-izquierda y liberaldemócratas contrarios a la medida adoptada por el ministro Maroni, empeñado en resolver a cualquier precio el problema de los campamentos ilegales de gitanos.

Unos 150.000 gitanos residen en Italia, muchos ellos de origen rumano o de la ex Yugoslavia, aunque en su mayoría son italianos.

"Estamos indignados por la resolución del Parlamento Europeo. Aunque ello no nos detendrá", aseguró Maroni, uno de los líderes de la populista y xenófoba Liga Norte.

"Queremos proteger a los menores contra los abusos, como la mendicidad y garantizar que puedan ir a la escuela. Queremos dar dignidad a los niños que viven en la sombra, que se usan para el tráfico de órganos y de seres humanos", declaró Maroni.

Ante los eurodiputados, el comisario europeo encargado de Asuntos Interiores, Jacques Barrot, explicó que había recibido "un cierto número de explicaciones" por parte del ministro Maroni, pero que había "pedido precisiones suplementarias".

Italia prometió para fines de julio elaborar un informe sobre la cuestión, que la Comisión Europea quiere "seguir con toda la vigilancia deseada y el diálogo necesario con las autoridades italianas", prometió Barrot.

El miércoles, unos 120 eurodiputados, incluyendo a los jefes de los grupos socialista, comunista, liberal y verde, enviaron sus huellas digitales al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para protestar contra su política respecto a los gitanos.

Entre las huellas dactilares reunidas al final de ese llamado figuran las de los presidentes de los grupos políticos Martin Schulz (PSE), Francis Wurtz (comunistas), Graham Watson (Liberales) y los dos copresidentes de los Verdes, Monica Frassoni y Daniel Cohn-Bendit.

El gobierno conservador nombró en mayo un responsable para ocuparse de los gitanos en Roma, Milán y otras grandes ciudades con el objetivo de acabar con sus campamentos irregulares, señalados por fomentar la inseguridad.

El fichaje de los gitanos ya comenzó en Nápoles y Milán y el lunes está programado en Roma, excluyendo a los menores, a pedido del alcalde, Gianni Alemanno.

Numerosas organizaciones católicas y asociaciones de defensa de los inmigrantes han protestado contra la toma de huellas ordenada por el gobierno por temor a que esa medida incite a la "xenofobia" y la "discriminación racial".

La medida del gobierno de Berlusconi, fue criticada también por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

Varias organizaciones de asistencia a los inmigrantes han denunciado el clima de odio contra los gitanos y los rumanos en toda Italia, donde el nuevo gobierno decidió paralelamente endurecer las leyes contra la inmigración clandestina.