El  abogado del grupo Isaías, Jaime Damerval, calificó como “arbitraria y criminal” la incautación de los medios de comunicación por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), lo cual atenta contra la libertad de prensa.

Damerval señaló que el art. 29 de la Ley de la AGD, el que aplica para la incautación,  es improcedente porque dicha ley empezó a regir el 28 de enero del 2002 y no tiene efecto retroactivo debido a que los problemas de Filanbanco iniciaron en el 1998.

Dicha ley no se aplica a deudas, sino a la presentación de patrimonio irreal, alteración de balances o pago de intereses sobre intereses, advirtió.

También citó que el único organismo que tiene competencia para dictar una incautación es la Corte  de Justicia.

Sobre el informe de la firma Deloitte & Touche, elaborado en el 2002 y en el que basa la AGD para la acción de embargo, no constituye  una auditoría o una  revisión de Estados financieros, dijo, por lo que  no se puede establecer una deuda de $ 661.5 millones. “Y en el caso de que fuera así, después de diez años Filanbanco ya canceló esa deuda”.