Ecuador buscará un acuerdo con sus acreedores en cualquier proceso de reestructuración de la deuda externa que emprenda el Gobierno, debido a que no tiene interés en crear turbulencias económicas en el mercado, dijo este miércoles la nueva ministra de Finanzas, Wilma Salgado.

El presidente nacionalista Rafael Correa busca reestructurar los más de 10.000 millones de dólares de pasivos externos que tiene el país para aliviar el peso presupuestario del servicio de la deuda y liberar recursos para atender a sus populares programas sociales.

"Yo siempre soy partidaria de la negociación, me gustan más los acuerdos", dijo Salgado en una entrevista con Reuters tras asumir el martes su cargo al frente de la cartera de Finanzas.

En esta línea, aseguró que la reestructuración que emprenda el país será amigable, incluso en los tramos de la deuda que puedan ser declarados "ilegítimos" por el Gobierno ecuatoriano, en la búsqueda de mejorar las condiciones de los préstamos.

"Si luego de presentarles evidencia de irregularidades (a los acreedores) hay posibilidades de acuerdo es mucho mejor, sería muchísimo mejor", dijo Salgado, economista miembro de un grupo que promueve la condonación de la deuda externa a los países pobres.

La posición de la ministra se apega a la política de su antecesor Fausto Ortiz, cuya salida por discrepancias con el Gobierno por una polémica incautación de bienes a un grupo económico alarmó a los inversionistas y provocó un derrumbe en los bonos soberanos del país andino.

Salgado aseguró en la víspera que defendería la "vida antes que la deuda" y advirtió que sancionaría irregularidades cometidas en el manejo de las acreencias, lo que renovó los temores a una radicalización en el discurso gubernamental sobre la deuda luego de la política moderada y pragmática de Ortiz.

El Gobierno impulsa una auditoría de la deuda externa desde el año pasado para determinar posibles irregularidades en su contratación y busca impulsar una renegociación con los acreedores cuya deuda sea calificada como "ilegítima".

Tras estudios preliminares, la comisión ha señalado que han encontrado irregularidades en casi todos los tramos de la deuda, incluida la de los bonos Global, que agrupan un capital de 3.800 millones de dólares.

Correa ha dicho que anularía préstamos considerados como ilegítimos o deuda adquirida por anteriores gobiernos a los que considera como corruptos.