Ex gerentes de la AGD
Acción tuvo reacciones distintas
Dos ex gerentes de la AGD tienen visiones distintas frente a la incautación de un grupo de empresas relacionadas a los ex accionistas de Filanbanco.

“El poder y la mañosería del Grupo Isaías hizo que tengan una ley especial para Filanbanco. Esta institución quedó en manos de un administrador manipulable, pero en vista de que el liquidador no cumplió con su misión, es perfectamente legal que se haya incautado a las empresas”, aseguró Carlos Arboleda, ex gerente de la AGD durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.

En cambio, Patricio Dávila, ex gerente de la AGD, expresó que “en mi concepto (la incautación) es absolutamente ilegal, es una confiscación directa. Pero, allá entre blancos”.

Movimientos de oposición
Hay temor por uso de medios
Las agrupaciones de oposición temen que los medios de comunicación incautados por la AGD sean usados por el Gobierno para fines electorales, y para evitarlo sugieren que la subasta pública sea urgente.

“Cuidado eso se convierte en un  instrumento político del Gobierno para manejar y manipular la información justo en vísperas de iniciar el referéndum”, dijo César Rohón (PSC).

Fernando Cordero (PAIS), presidente de la Asamblea, dijo que no hay que satanizar “que todo lo público es malo o que todo lo privado es bueno”,  sobre la posibilidad que el canal público pase a las frecuencias que eran de TC Televisión o Gamavisión. Los equipos de ambos canales fueron retirados ayer  de la cobertura de la Asamblea.

Cámaras de la producción
Gremios cuestionan incautación
Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, afirmó ayer que la incautación a las empresas del grupo Isaías (ordenado por la AGD) es un atentado a la propiedad privada y que, con excepción de Cuba, no hay antecedentes de una medida similar.

Por tal situación, manifestó, la Cámara de Comercio “está denunciando este caso a los organismos internacionales de los derechos humanos”.
La Unión Nacional de Periodistas (UNP), en cambio, recordó que “estando en marcha una acción judicial, deben respetarse las instancias legales pertinentes y el debido proceso”.

Mientras, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) anunció  que no participó con ningún informe para legalizar la incautación de los medios de comunicación.