Atribuciones.

El periodo de funciones, el número de integrantes y las atribuciones del “Congresillo”, organismo que se creará una vez que la Asamblea Constituyente concluya su trabajo, y la situación en la que quedarán las autoridades, cuyas funciones fueron encargadas en el primer mandato, son los temas que resolvieron ayer los integrantes del buró político de PAIS y su bloque de asambleístas.

Al cierre de esta edición, los asambleístas del oficialismo habían llegado al acuerdo de que el “Congresillo” no estará integrado por los 130 asambleístas como lo pedía Pachakutik y algunas minorías de oposición, bajo el argumento de que solo así ese organismo gozaría de completa legitimidad.

Pero dos puntos de vista existían todavía sobre la capacidad que tendría este organismo para elaborar y aprobar leyes. César Rodríguez (PAIS) sostenía que, antes del referéndum, la Comisión Legislativa Especial, denominada “Congresillo”, debería dedicarse a presentar y realizar leyes antes del referéndum y solo después, con el Sí ganado, aprobarlas.

Mientras que Galo Borja, jefe del bloque PAIS, consideraba que ese organismo puede legislar desde el primer momento; aunque, sí se tomarán en cuenta todas las posibilidades: que gane el Sí o que gane el No. Borja agregó que también se debe decidir qué hacer con los superintendentes, vocales de tribunales, presidente de la República, contralor, procurador y demás autoridades que fueron “encargadas” en el Mandato 1.

La equidad de género, la representación regional y provincial, la proporcionalidad partidaria eran algunos de los criterios que se tomaban en cuenta ayer para definir el número de asambleístas que se quedará para integrar el “Congresillo”, el número fluctuaba entre 39 y 52 constituyentes.

Una fuente del Movimiento PAIS informó que en la reunión con el buró político nacional  se analizaría la posibilidad de que el pleno de la Asamblea Constituyente apruebe un mandato entre el viernes y el sábado de esta semana para ratificar la incautación de los bienes del Grupo Isaías que llevó adelante la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD).