En mi artículo ‘¿Plan Nacional de Desarrollo?’, que publicó EL UNIVERSO el 14 de mayo del 2008, ofrecí revisar dos temas para comentarlos aquí:

-La capacidad operativa a favor de los ciudadanos para acceder, real y expeditamente, a toda información pública.

-Los recursos ejecutivos y viables de la ciudadanía para exigir el desarrollo y cumplimiento de lo planificado, y qué pasaría si se verifica que algo no se está ejecutando o no se ha cumplido oportunamente.

A pesar de las lecturas realizadas todavía no he localizado esos temas y en el epígrafe ‘Democratización económica y protagonismo social’, que fue donde me pareció debía encontrar respuestas, hallé otras cosas, que me parecen importantes y las transcribo:

“La sociedad civil organizada debe encauzar las actividades económicas y la distribución, uso y control de los bienes y servicios públicos. Esto demanda canales institucionales que permitan a las asociaciones y a los individuos incrementar su protagonismo y poder de decisión sobre los procesos políticos y sobre los criterios para orientar la producción y la distribución de la riqueza social. Lo que marca distancias con los modelos estatistas y librecambistas de crecimiento y desarrollo humano”.

Como no hay definición de “bienes y servicios públicos” caben haber varios criterios alrededor de ese tema; pero, en todo caso, de la lectura se colige que, curiosamente, el Estado debe respetar ese encauzamiento de la sociedad civil, respetarlo y no imponerse.

Sigue el PND: “Una sociedad civil activa y vigorosa requiere dinamizar sus formas de organización colectiva voluntaria a partir de redes sociales, asociaciones, movimientos sociales, cooperativas, etc., para incrementar su poder social e incidir efectivamente en la organización de la producción y en la asignación de los recursos colectivos”.

Más adelante afirma: “Una amplia colaboración entre agencias estatales y asociaciones sociales, en diversos tipos de actividades gubernamentales, además del fortalecimiento de los mecanismos de democracia representativa y de la promoción de  nuevas formas de control y veedurías sociales, complementa el proceso de democratización de la regulación estatal. Esta colaboración se puede expresar como pactos corporativos entre el Estado, las asociaciones patronales y las de trabajadores, con el fin de acordar diversas formas de regulación salarial y de fijar, bajo ciertos niveles de consenso, condiciones de trabajo adecuadas en sectores específicos de la economía”.

“Estos esquemas de colaboración pueden extenderse para gestionar otros aspectos de la vida social… de forma que las diversas instancias organizadas de la sociedad civil y el Estado puedan regular conjuntamente el uso y la asignación de los recursos colectivos. Se trata de promover el funcionamiento de redes públicas mixtas (donde interactúan actores públicos y privados) y de mecanismos de democracia asociativa para la gestión gubernamental”.

¿Será posible la democratización económica propuesta en el PND? ¿Cómo?

¿Le parece que debo continuar con el tema? ¿Sería tan amable en darme su opinión?