La Asamblea Constituyente  definió el marco sobre el cual el Estado garantizará la aplicación de la justicia indígena, los jueces de paz, la defensoría pública, la nueva estructura de la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura y el Sistema de Rehabilitación Social.

Los 22 artículos tramitados ayer serán procesados por una subcomisión tripartita antes de la votación final.

El debate giró alrededor de la justicia indígena, en el que todos coincidieron en la necesidad de precisar la forma del juzgamiento. Esta clase de justicia la aplicarán las autoridades de las comunidades indígenas con base en  tradiciones ancestrales, dentro del ámbito territorial, garantizando la participación y decisión de las mujeres.

Se expuso un video sobre castigos indígenas y eso motivó a que  asambleístas como Pedro de la Cruz (PAIS) aclaren que la justicia indígena no es dar latigazos, sino que tiene una concepción distinta en la búsqueda de la verdad, respetando el debido proceso.

Gilberto Guamangate (PK) condicionó la inclusión de la justicia indígena en la Constitución para trabajar por el Sí en el referéndum.

Otros de los puntos aprobados fueron  el arbitraje y la mediación para la solución de conflictos; la existencia de jueces de paz para conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones que no sean sancionadas con privación de la libertad.

La Fiscalía General mantendrá su autonomía dentro de la Función Judicial y dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal.

La Constitución ratifica al Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, vigilancia y de disciplina de la Función Judicial. Su conformación y funcionamiento será independiente de la Corte Nacional de Justicia. Lo integrarán 9 miembros que durarán seis años en sus cargos y no podrán ser reelegidos. Se encargará de dirigir la selección de  magistrados, jueces y funcionarios judiciales.

Además, se crea el Instituto de Rehabilitación Social, que aplicará acciones para la reinserción social.