Postura.  Las iglesias católica y evangélica anuncian que irán por el No en la consulta si no se rectifican los artículos sobre la vida y la familia, por considerarlos abortistas.

Antes de tomar una decisión frente al referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, ciertos grupos sociales esperan rectificaciones por parte de la Asamblea y que sus aspiraciones sean recogidas.

Ese es el caso de los transportistas, quienes no definirán la postura en la consulta mientras no conozcan cómo quedará la Ley de Tránsito.
Temas como la interculturalidad, plurinacionalidad, la soberanía alimentaria, redistribución de tierras, consulta previa, entre otros, mantienen en suspenso la postura de sectores como el indígena, campesino, montubio y ambientalista.

Mientras, los grupos religiosos muestran una actitud más definida. Las iglesias católica y evangélica se inclinan desde ya por el No como un rechazo al “aborto constitucional” que, según creen, se percibe en la nueva Carta Magna. La comunidad GLBT afirma que dirá Sí al referéndum, porque la nueva  Constitución reconoce la legalidad de la unión gay.

A días de fenecer la Asamblea, gremios evalúan acogida de sus pedidos. El Sí o el No penden de ello.

“¡A la Patria dale el Sí!,” dice una hoja volante que reparten las denominadas Bases 0, del movimiento PAIS. La frase que hace referencia a la aprobación del referéndum a la Constitución, está lejos de convencer a algunos grupos sociales; otros esperan  apoyarla, pero si sus aspiraciones son recogidas, y aquellos, como los  homosexuales, el solo hecho de que las uniones  entre personas del mismo sexo sean reconocidas legalmente es suficiente para darle el Sí a la consulta.

Las semanas previas al cierre de la Asamblea han sido de intensas reuniones entre transportistas, indígenas, artesanos y comerciantes, otros prevén hacerlo en los próximos días. El objetivo es presionar para que sus propuestas sean incluidas en la  nueva Carta Magna.

Entre  los  transportistas, el temor a que las observaciones hechas por el presidente Rafael Correa a  la nueva  Ley de Tránsito  no sean debatidas en  la Asamblea y que estas luego sean revisadas en el denominado Congresillo, tiene “preocupado” al gremio, al extremo que el ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, ha comprometido hacer “los cabildeos necesarios” en la Constituyente.

En esa situación se encuentran los 500 mil choferes  agrupados en las ocho ramas del transporte, quienes no definirán la postura en el referéndum mientras no conozcan “cómo quedará la Ley de Tránsito”, afirma el presidente del gremio, Napoleón Cabrera.

En el movimiento indígena, campesino y montubio se entreteje una  diversidad de criterios. Temas como la intercultarilidad, plurinacionalidad, la soberanía alimentaria, redistribución de tierras, consulta previa, entre otros, mantiene en suspenso la  postura y cada sector evalúa su posición en la medida que la Asamblea cumpla con sus propuestas.

Así, en las filas de la Conaie,  que agrupa a 12 nacionalidades y según datos de la agrupación representan el 45% de la población, hasta el momento el sabor es agridulce porque algunos temas han sido acogidos  de manera superficial.

“Considerando que la pregunta de la consulta tendrá solo dos opciones, se evaluará qué es lo que más pesa en cuanto a conquistas logradas  y de eso dependerá el apoyo”, dice Ricardo Ulcuango, miembro de la Conaie.

Salvador Quizhpe anticipa que si no son consideradas las aspiraciones, la postura será por el No. En el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, que aglutina a unos 2 millones de miembros en el país,  la posición frente a la consulta está más definida. “Si el 80% de la Constitución tiene claridad de lo que se quiere, apoyaremos el Sí”, refiere  William Chela, presidente  (e) de la organización.

También, entre los 900 mil afiliados al Seguro Social Campesino hay apego por el Sí, no obstante, el dirigente Byron Garcés, presidente de la Federación, señala que mañana harán una marcha para exigir a la Mesa 7 que se respete la autonomía del IESS.

Mientras, entre los miembros de la Fenocin hay satisfacción por los avances en la Carta Política en temas como la intercultarilidad e igualdad en la repartición de tierras, por ello afirman que desde ya apoyan al Sí, porque creen que con esta Constitución se conseguirán los cambios que necesita el país, según la presidenta (e)  Manuela Cobacango. Una posición similar identifica al movimiento montubio, para quienes haber logrado la inclusión como sujetos de derecho colectivo justifica el apoyo a la consulta, dice el dirigente Luis Alvarado.

Entre los trabajadores, la eliminación de la tercerización se considera un logro. Apoyan la consulta, pero aún les preocupan otros asuntos como el derecho al contrato colectivo, a   la organización, entre otros, según Mesías Tatamuez, líder  del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

El mandato 8, que dispone la revisión de los contratos colectivos del sector público, también intriga a unos 150 mil agremiados a la Confederación de Trabajadores del Ecuador.

En los artesanos la duda  en dar el  Sí  es evidente. El “archivo” de propuestas sobre una política agraria que permita producir trigo para prescindir de los altos costos de la harina importada, el Banco de Artesano, entre otras  propuestas que “no han sido acogidas por la Asamblea”, preocupa al gremio.

Los comerciantes minoristas, en tanto, ponen reparos a formar parte de la base de contribuyentes del Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), esquema incluido en el reglamento de la Ley de Equidad Tributaria.

Según Juan Narea, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas de la Bahía, el gremio no tendría problema en tributar siempre que el Gobierno pague un subsidio. Por ahora esperan que se haga eco de sus propuestas en la Asamblea antes de decidir su voto.

El sector agrícola se debate entre dos preocupaciones. Una es el impuesto a la tierra desocupada porque elevaría el costo de producción, según el arrocero Julio Carchi. La otra es en relación al mandato agrícola, ya que el gremio, según Carchi, no comparte que para acceder al subsidio los agricultores deban tener Registro Único de Contribuyentes (RUC). “Hay agricultores que apenas saben leer y escribir”.

Lo que haga la Asamblea en los 18  días que le restan es clave, consideran los grupos sociales. “Percibimos preocupación entre las bases por lo que pueda pasar, por eso no podemos pronunciarnos hasta ver cómo queda el texto final”, acota  el dirigente de los transportistas.

Napoleón Cabrera
Presidente de los transportistas
“La Ley de Tránsito es gravitante y  nos ha llevado todos estos meses a un cabildeo constante con el Gobierno y la Asamblea.  El apoyo al referéndum aún no está decidido”.

Salvador Quizhpe
Miembro de la Conaie
“Si no se acogen los planteamientos, nos obligarían a votar por el No. El responsable será el propio Presidente”.