Lo mínimo que se podía suponer era que el nuevo texto constitucional no repitiera los errores y vacíos del anterior. Se esperaba que lo medular del trabajo de los asambleístas se concentrara precisamente en esos temas y que se llegara a soluciones adecuadas. Muchos de ellos se pasaron una década completa afirmando que buena parte de la inestabilidad política se debía a los defectos constitucionales, especialmente a los que existían en la parte orgánica del texto aprobado en 1998.

Dijeron, con mucha razón, que allí se sacramentaba un diseño pésimo para las relaciones entre los poderes del Estado, que difícilmente podría encontrarse un sistema electoral más absurdo, que se consagraba un régimen centralista, obeso pero débil y que, por la suma de todos esos factores negativos, el sistema político no tenía capacidad para procesar las demandas ciudadanas y el conflicto político.

Todo ello era cierto. Por esa razón se suponía que hacia allá se orientaría el trabajo de unos asambleístas que, antes de serlo, pregonaban soluciones que combinaban algo de creatividad con realismo. En seminarios, en entrevistas y en escritos ellos sostenían que era necesario moderar el presidencialismo (al que incluso le antepusieron la partícula hiper para demostrar su magnitud). Esto exigía equilibrar las relaciones Ejecutivo-Legislativo por medio del establecimiento de un buen sistema de controles y balances. Ese era, sin duda, uno de los temas centrales de la reforma política y su solución por sí sola habría justificado el trabajo de la Asamblea.

Dos efectos nefastos se derivaron de ese hiperpresidencialismo. En primer lugar, se dejó al Congreso, la principal instancia de representación y de debate político, sin atribuciones reales. De esa manera, fue necesario buscar otros espacios para el procesamiento de las demandas y el tratamiento del conflicto político. La política se desplazó a las calles. En segundo lugar, no se crearon los procedimientos necesarios para obligar al Ejecutivo y al Legislativo a actuar conjuntamente, a ser corresponsables en los asuntos políticos básicos. Por tanto, se alimentó la pugna entre ambos poderes y se llevó a su máxima expresión el enfrentamiento. La supervivencia del uno exigía la muerte del otro.

La vigencia de esas condiciones fue muy beneficiosa para los liderazgos caudillistas y para las prácticas clientelares. Unos y otras se fortalecían porque, gracias al salto que daban por encima de los procedimientos democráticos y de las disposiciones institucionales, caían en el terreno en que mejor pueden germinar.
Sin embargo, aunque los integrantes de la Mesa número 3 sabían que eso era así, la propuesta que han presentado apunta a mantener esa situación. Si se la llega a aprobar, como parece que sucederá, se habrá profundizado uno de los problemas más graves del sistema político ecuatoriano. No solamente se consolidará sino que se fortalecerá el hiperpresidencialismo, con caudillismo y clientelismo incluidos. Se añadirá, además, un caos institucional y de procedimientos al colocar junto a las instituciones democráticas, de representación ciudadana universal, unas instancias corporativas del ampulosamente llamado poder de control social. La política –clientelar y caudillista– seguirá en la calle.