El proyecto de reforma al Código de Ejecución de Penas, planteado por la mesa 10 de Legislación y de Fiscalización, recibió observaciones por parte del presidente de la República, Rafael Correa.

El Ejecutivo planteó que se mantenga a los delegados de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte del Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), pero la petición no se acogerá, según Rossana Alvarado, miembro de la mesa 10.

Los asambleístas oficialistas apuntan a que el nuevo CNRS se integre con delegados de los ministerios de Salud, Justicia, Educación, Trabajo, Gobierno y de la Defensoría del Pueblo. “Esa conformación incluso se establecerá como parte de la nueva Constitución”, dijo.

La reforma apunta también a que se lleve a cabo un programa de ejecución de penas, que consiste en que los detenidos por robo, hurto, asalto, narcotráfico, enriquecimiento ilícito o delitos contra la administración pública, pueden reducir sus penas hasta en un 50%.

Solo los reos por delitos sexuales, contra la vida (asesinatos) o de lesa humanidad (genocidio o desaparición forzada de personas) no podrán someterse a este programa.

También se determina que los presidiarios que tengan 65 años sean trasladados a las “casas de prisión”.