Los versiones sobre un posible embargo   causaron  temores en TC Televisión y otros canales del pull.  

En un ambiente de total incertidumbre, los trabajadores de los medios de comunicación del Grupo Isaías: TC Televisión, Gamavisión y Cablevisión, acudieron la mañana de ayer a sus lugares de trabajo ante el llamado urgente de sus directivos.

Versiones sobre una supuesta incautación de bienes por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que surgieron tras el nombramiento, el viernes pasado, de Carlos Bravo como nuevo gerente de la entidad, causaron nerviosismo, aunque el Gobierno y la propia AGD desmintieron horas después estos rumores.

A partir de las 10:00, el personal fue llegando de a poco a las instalaciones de los canales. “Hoy tenía libre, pero me dijeron ‘vente corriendo, que nos van a embargar’”, comentó un camarógrafo antes de ingresar por la puerta situada en la avenida Abel Romeo Castillo.

La entrada y salida de vehículos aumentaba con el paso de los minutos, al igual que el movimiento de empleados que retiraban sus pertenencias.

Por la puerta posterior de TC Televisión, ubicada en la avenida Joaquín Orrantia, camionetas que transportaban cajas, fundas y computadoras salían del lugar para ponerlas “a buen resguardo”. Cerca de allí apareció Gino Molinari, presentador de Gamavisión, quien solo comentó que en los interiores de la estación televisiva se vivían “momentos de tensión”.

También estuvo el ex diputado, Jimmy Jairala, además del jurista Jaime Damerval, quien aseguró que habló con los directivos para “analizar la situación desde el punto de vista de la democracia y de la libertad de prensa”. Esta versión llegó hasta Montecristi, donde el asambleísta Leonardo Viteri (PSC), hermano de la presentadora del canal, Mariela Viteri, dijo: “Sabemos que el presidente de la República mantiene rodeado a TC Televisión a pretexto de la incautación de los bienes de los Isaías...”.

Mientras tanto, en el estudio A de TC Televisión se reunió a todo el personal para ponerlo al tanto de los rumores y conformar un Comité de Empresa, al tiempo de que su gerente general, Jorge Kronfle, preparaba un comunicado que se emitió pasadas las 14:00.

“Circula el rumor de que el Gobierno, por medio de la AGD, incautaría TC Televisión, bienes e instalaciones. Coincide con el nombramiento de Carlos Bravo, abogado defensor del ex superintendente de Bancos, (Juan) Falconí Puig, en el juicio que se sigue contra Falconí por peculado y la fusión del banco La Previsora con Filanbanco”, se expuso a través del canal.

“Falconí, como se sabe, es enemigo declarado de los señores William y Roberto Isaías, a quienes denunció ante la Fiscalía en un caso sobre el cual aún no se pronuncian los jueces. TC es totalmente ajeno a este último juicio”, añadió, para luego advertir que se “afectaría gravemente la imagen del Gobierno a nivel internacional”.

A las 15:00, el gobernador del Guayas, Leonardo Vicuña, dijo que el presidente Rafael Correa le autorizó a desvirtuar esa noticia. “Es un rumor falso que se sustenta con fines políticos. Los problemas que los Isaías tengan con la AGD se están ventilando en los términos de la Ley. Nada tiene que ver el nombramiento de Bravo”.

Robert Andrade, miembro del directorio de la AGD, también negó a este Diario que el organismo haya dispuesto alguna medida confiscatoria contra los bienes de los Isaías. Además, defendió el nombramiento de Bravo, de quien dijo “es una persona honesta y que conoce del tema bancario”.

Pero José Guerrero, abogado de los Isaías, advirtió que la fuerza pública había impedido la circulación de dos embarcaciones de sus clientes. “No sé con orden de quién o de nadie, porque jurídicamente no pueden hacer esa barbaridad jurídica”, expresó.

Entrega
El 2 de diciembre de 1998, los accionistas del Filanbanco, Roberto y William Isaías, entregaron el control de la institución bancaria a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y se la sometió a un plan de reestructuración. En el 2001 pasó al Ministerio de Economía y luego al proceso de  liquidación.

Pérdidas
El 26 de febrero pasado, la Junta Bancaria estableció que el hueco patrimonial, supuestamente dejado por los Isaías, ascendía a más de 600 millones de dólares y ordenó la “reversión contable” del llamado Fideicomiso AGD.