Que el Estado se convierta en el responsable de la actuación de los notarios puede deformar la esencia de la función notarial, que es garantizar la seguridad jurídica, dice Ricardo Cubides, presidente de la Asociación Colombiana de Notarios, quien se encuentra en el país.

La visita de Cubides obedece a una invitación del Colegio de Notarios del Guayas, organismo que se opone a la pretendida reforma, aprobada ayer en primer debate en la Asamblea Constituyente, por la cual los notarios pasan a ser funcionarios judiciales sujetos a sueldo.

En 1970, el Gobierno colombiano estatizó el servicio notarial con iguales características a las aprobadas ayer en Montecristi pero, según Cubides, se dio marcha atrás porque el Gobierno se dio cuenta de que no era rentable para el Estado.

“La norma establecía que la estatización del servicio se iba a dar por partes y que hasta 1974 ya todo el país tendría un notariado oficializado. Sin embargo, cuando el Gobierno comenzó administrativamente a tratar el tema, a ver cómo iban a hacer con la adquisición de bienes (oficinas, equipos de oficina, mantenimiento, etc.) y a hacer un presupuesto de las personas que tomaría a su cargo con todas sus prestaciones sociales, el Gobierno se dio cuenta de que no resultaba rentable y que, por el contrario, se corría el riesgo de disponer de dineros que no eran para esa función”, comenta el notario colombiano.

La creencia de que el notario gana mucho dinero y que es un privilegiado no es tal, asegura Cubides. “En Colombia y Ecuador, como en otros países, el notario debe asumir totalmente la prestación del servicio, que incluye las cargas prestacionales de los empleados, alquiler, equipos e insumos de oficina, pago de servicios, entre otras cosas; más bien, el Estado recibe los mayores beneficios por parte de los notarios, porque por cada acción notarial, como ocurre aquí en Ecuador, se fijan impuestos y tasas, de tal forma que solo el 10% queda para el notario”, explica.

Según Cubides, tampoco es consistente el argumento de que unos notarios ganan más que otros, porque el Gobierno –en Ecuador a través del Consejo de la Judicatura– es quien fija los aranceles.

El Gobierno colombiano, añade Cubides, cuando envió el proyecto al Congreso para volver a la situación anterior, dijo textualmente que había recapacitado y quería subsanarlo. 

 “Es que, por otra parte, se iba a atentar contra la eficiencia de la prestación del servicio, contra la libertad del ciudadano de escoger al notario que más confianza le brinde”, indica Cubides, quien indica que si pasan a ser funcionarios públicos dará lo mismo un notario que preste un servicio eficiente que otro que preste uno ineficiente, porque los ingresos van a ser iguales.

“Un notario no puede ser funcionario público, a diferencia de un juez, porque este último debe resolver, como autoridad, un conflicto; en cambio un notario asesora y solemniza un acuerdo”, explica Cubides.

Hay otros motivos en perjuicio de la ciudadanía, según el notario, por los cuales no es conveniente la reforma.

“Si el servicio notarial pasa a control del Estado, las minutas y los trámites pasarían a sorteo, entonces imagínese que una madre por una emergencia debe llevar a su hijo fuera del país y necesita la autorización del padre. Entonces tendría que esperar días”, indica Cubides, quien enfatiza que la función notarial, al garantizar la seguridad jurídica, debe ser ajena al sistema político.