Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán prorrogados cuatro meses en sus funciones hasta que se elija a la nueva Corte Nacional de Justicia que tendrá 18 ministros jueces y un presidente, según los textos constitucionales tramitados ayer por la Asamblea en primer debate.

También serán prorrogados por seis meses los notarios, registradores de la Propiedad y ministros jueces de las cortes superiores; así como los miembros del Consejo de la Judicatura, aunque estos últimos será por dos meses, ya que debe ser el primer organismo en integrarse porque se encargará de designar a los jueces.

La Asamblea empaquetó ayer 39 artículos y 4 disposiciones transitorias. Otro de los ejes de los cambios en justicia es convertir en públicos los servicios notariales y registrales, y estarán integrados en un sistema de información nacional registral de la propiedad y de otros negocios jurídicos.

El Consejo de la Judicatura determinará la remuneración de los notarios, registradores y del personal auxiliar de estos servicios. De igual modo fijará las tasas que deben satisfacer los usuarios por dichos servicios, y establecerá el sistema de cobro. Los valores recuperados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General del Estado y Función Judicial.

El tema de los notarios motivó el debate. León Roldós (RED) y Pablo Lucio Paredes (Futuro YA) quienes cuestionaron el hecho de que se pretenda convertir en un servicio público el trabajo de los notarios y registradores de la Propiedad.

Pablo Lucio Paredes en cambio planteó que se podrían incluir las dos opciones para que en el país haya notarios y registradores de la Propiedad públicos y privados, y que sea la ciudadanía quien escoja, porque el servicio que presta un notario es de confianza y no puede volverse público.

En torno a la Función Judicial, las reformas constitucionales determinan que el Consejo de la Judicatura será el órgano de gobierno, administrativo y disciplinario de la Función Judicial, los servicios notariales y registrales son los órganos auxiliares; y la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son los órganos autónomos.

La máxima instancia de la justicia ordinaria será la Corte Nacional de Justicia, con sede en Quito, integrada por 18 magistrados y su presidente, cuyos cargos durarán nueve años, se renovarán por tercios cada tres años y serán designados por el CNJ, previo concurso, el mismo que se someterá a impugnación, contraloría social, equidad y paridad de género.

Se disminuye a diez el número de años de ejercicio de la profesión, necesarios para ser candidato a magistrados de la Corte de Justicia.