La Comisión tripartita encargada de recoger las observaciones para el informe final está conformada por María José de Lucca, Rosario Palacios (PAIS) y Fernando Burbano (antes ID). 

Durante el segundo y definitivo debate de los derechos de la comunicación, la minoría advirtió que bajo la figura de “control social”, el Estado podrá censurar a los medios de comunicación social.

Pablo Lucio Paredes (FYa) señaló que dicho control “significa que alguien define lo que está bien o está mal, y toma decisiones sobre permitir o prohibir a un medio de comunicación”. Tal criterio fue respaldado por Paco Velasco (PAIS).

PAIS insistió en cuestionar la relación de los medios y los grupos económicos. 

La mesa 7 de Régimen de Desarrollo incluyó en el texto de Soberanía Económica una transitoria para que los banqueros se desvinculen en dos años de los negocios ajenos a su actividad.

Los artículos plantean la “democratización” de las frecuencias de radio y televisión. 

Dos advertencias hizo ayer la oposición respecto al capítulo de los medios de comunicación. La primera: Que al impedir los nexos de los medios con los grupos económicos y financieros se busca una reversión de las frecuencias de radio y televisión; y segundo, bajo el criterio de control social, el Estado podrá censurar a los medios.

Lo que ayer se discutió en segundo debate señala que la nueva Constitución  bloqueará el oligopolio o monopolio directo o indirecto de la propiedad de los medios.

Los textos pasaron a una subcomisión tripartita para que en dos días se realicen los ajustes de redacción antes de la votación final en el pleno.

El debate de los asambleístas de Gobierno y sus aliados se centró en la censura al control de los medios de comunicación que, según ellos, ejercen empresarios vinculados a la banca. Debe haber una democratización de las frecuencias, cuya asignación se dé a través de procesos transparentes en igualdad de condiciones, dijeron.

La discusión de ese texto sirvió también para cuestionar la política de comunicación de la Asamblea, pues la oposición señaló que tanto la página web como el canal del Estado son excluyentes.

Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) fue el primero en advertir que en el artículo sobre los derechos a la comunicación se garantiza el control social sobre los medios; “eso significa que alguien define lo que está bien o está mal, y toma decisiones al respecto de permitir o prohibir a un medio de comunicación”.

Con este artículo se abre la puerta a cualquier tipo de censura, añadió. Si bien se permite el control de la comunicación a través de la contraloría social, pero “el Estado también puede manipular a las organizaciones sociales; lo que sí se debe garantizar es la veeduría, para que los usuarios de la comunicación tomen mejores decisiones”, puntualizó.

Ese criterio fue respaldado por Paco Velasco, asambleísta de Gobierno, quien dijo que no está de acuerdo con un control sobre los medios bajo ninguna vía. Pero Luis Hernández (RED) fue más allá, al comentar que el control social de los medios se realizará a través de la quinta función del Estado, que es la Participación Social, que no está representada genuinamente por la ciudadanía, sino que es incentivada por la intermediación del Estado.

Además pidió que se incluya un texto para garantizar el pluralismo e independencia de los medios estatales del Gobierno.

Vicente Taiano (Prian) manifestó que el texto que habla de impedir los oligopolios y monopolios indirectos de la propiedad de los medios y el nexo con los grupos económicos y financieros “tiene nombre y apellido: Egas, Isaías, Eljuri y Ecuavisa”. Creo que esto está direccionado a “querer tumbar la prensa, el Ecuador corre el riesgo de no quedarse con los principales medios de comunicación y podrían ser tomados por el Estado”, subrayó.

Dijo que bien se puede aprobar una transitoria para revertir las frecuencias de aquellos medios de comunicación donde los banqueros y grupos económicos son accionistas.

TEXTUALES: En el debate

María José de Lucca
Asambleísta de PAIS
“El tema de la comunicación tampoco se ha visto librado del mal que afecta a la sociedad: la exclusión”.

Pilar Núñez
Asambleísta de PAIS
“Entendamos que estamos pidiendo  el derecho a una información verificada, que no sea especulativa”.