Los artículos de Soberanía Económica se someten a votación hoy en el plenario.

Los contratos mediante los que el Estado delegó el uso y manejo del agua a empresas privadas serán auditados en un lapso de seis meses contados desde que se apruebe la Constitución, según una de las cinco disposiciones transitorias que tratan hoy en el pleno como parte de los artículos de Soberanía Económica presentadas por la mesa 7 de Régimen de Desarrollo.

La disposición afecta a empresas concesionarias como TripleOro (Machala), Amagua (Samborondón) e Interagua (Guayaquil) que administren el servicio de agua potable y alcantarillado.

La norma establece además que el informe de auditoría servirá de base para que el Estado defina “la vigencia, renegociación y/o terminación del contrato de delegación”.

También se someterá a auditoría la delegación para actividades de riego o generación de energía a compañías privadas.

Los constituyentes de los bloques de oposición criticaron la disposición debido a que no fue sometida, según ellos, a los dos primeros debates antes de su aprobación final.

El paquete de reformas que se sometió a discusión en primero y segundo debates incluía dos disposiciones transitorias, en las que no se determinaba la revisión de los contratos de concesión del manejo del agua.

Aunque la propuesta original planteada por PAIS ya incluía medidas que buscaban la reversión de los contratos de concesión establecidos por el Estado con empresas privadas.

Norman Wray (PAIS) explicó que las concesiones ya establecidas prosiguen, pero que esos contratos de delegación se someterán a una auditoría para establecer si se mantienen en vigencia tras una renegociación o se da por terminada dicha concesión.

“Se van a evaluar las condiciones de esa concesión para que estén acorde con la nueva Ley de Recursos Hídricos que deberá crearse durante un año contado desde que se apruebe la Constitución”, aseveró.

La asambleísta Sofía Espín (PAIS), como miembro de la mesa 5 de Recursos Naturales, se inclina más por revertir la concesión de Interagua para que maneje ese recurso en Guayaquil, tras la ejecución de una auditoría.

Pero el vicepresidente de la mesa 7, Ricardo Zambrano (PAIS), califica la medida como extremista. “Más bien creo que todo apunta a que se debe renegociar para que quede garantizado que la empresa privada inyecta nuevos recursos para mejorar los sistemas de distribución, por ejemplo”, aclaró.

Dentro del paquete de artículos se incluye que “el servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados por personas jurídicas estatales o comunitarias”.

En otras de las disposiciones se establece que el Fondo de Solidaridad (FS) entrará a liquidación dentro del plazo de un año contado desde que se apruebe la nueva Constitución.

En ese tiempo  se dispone que el Estado deberá recuperar el manejo de las empresas que fueron sometidas a un régimen de derecho privado bajo la administración del FS.