En una de las últimas reuniones de la célula cívica, a la que concurro semanalmente, propuse como tema de reflexión la falta de espíritu de conciliación que se aprecia entre los principales actores de la política ecuatoriana.

Al manifestarse con algunos matices, varios criterios contrapuestos al respecto, sugerí que, como para algunos en la práctica no se puede alcanzar la conciliación en la actual coyuntura política, bien podríamos considerarla como una utopía.

Me pareció que era una forma “de conciliar” y dejar en pie la esperanza, al menos para los optimistas, tal vez algo ingenuos y poco duchos en la construcción de la realidad o en las maquiavélicas artes de la política.

En general, en Ecuador la conciliación es considerada importante y por eso su legislación la propone en varios tipos de juicios, antes de que se disparen los dardos de las pruebas, que suelen herir y dificultar el avenimiento.

En materia laboral, corroborando ese espíritu, para resolver los conflictos colectivos entre los trabajadores organizados y sus patronos encarga la responsabilidad de dar la razón no a la “justicia ordinaria” sino a los denominados Tribunales de Conciliación y Arbitraje, en procura de la armonía obrero-patronal.

En el párrafo tercero del artículo 191 de la Constitución vigente, en el que se reconocen procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, se cita a la mediación, un buen camino hacia la conciliación con ayuda de personas expertas.

Otro ejemplo de conciliación legal es la transacción, prevista en el artículo 2348 del Código Civil que la define como el contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual.

Como puede apreciar, la conciliación está presente en nuestras leyes y, en mi criterio, marcan una pauta a la ciudadanía, pues sugieren una forma, no siempre completamente satisfactoria para las partes pero sí amable, de concluir los enfrentamientos, luego de fricciones desgastadoras o de ofensas recíprocas.

En política es otro cantar. Yo creo que no debería ser así y por eso escribí ‘¿Avanzar en lo que coincidimos?’, que publicó EL UNIVERSO el 12 de agosto de 1992, a raíz de la experiencia que vivía al preparar, con colegas abogados, un proyecto de reformas al sistema de administración de justicia.

¿Por qué? Porque aunque haya de por medio mala fe, ánimo incontrolable de revancha o convicciones irreductibles, siempre cabe la esperanza de encontrar ese ajustar los ánimos o conformar proposiciones o doctrinas al parecer contrarias, como define el DRAE a la acción de conciliar.

Si se contemplara con serenidad e imparcialidad el actual campo de batalla político, en el que varias personas actúan según libretos de su propia autoría, tal vez encontraríamos allí el origen del problema de la dificultad para conciliar.

El parecer y sentir de las mayorías ciudadanas, verdaderos y profundos, creo que no son conocidos, ni técnicamente evaluados, sino interpretados por activistas, según su propio querer y utilizados al servicio de sus personales proyectos.

Como hipótesis, creo que más de la mitad en este país estamos a favor de que se privilegie, se procure y se construya la conciliación que, con justicia y en paz, sea base del desarrollo y progreso.

¿Favorece usted la conciliación política? ¿Sería tan amable en darme su opinión?