Imaginemos cuál será la actitud de estos funcionarios hacia los usuarios  cuando sus ingresos ya no dependan de la calidad y credibilidad de su trabajo sino del poder político y sus presiones.

En los últimos años, además, los registros y las notarías iniciaron un proceso de modernización que ha agilizado considerablemente su gestión. Un empleado público, por definición, debe relegar esa clase de proyectos a sus jefes, de tal manera que este progreso reciente podría experimentar un frenazo.

Por último, el mercado de bienes raíces se viene ampliando considerablemente, pero su futuro dependerá de la confiabilidad y celeridad de estos servicios. Interferir con los registros y los notarios podría tener consecuencias económicas muy negativas.