Celda de castigo.

Hace 25 años, cuando se construyó el Centro de Rehabilitación Social de Varones, en el kilómetro siete y medio de la vía a Atacames, sus constructores jamás se imaginaron que la caseta de concreto sería bautizada por los internos con el nombre de ‘infiernillo’.

Los reclusos le temían tanto a este calabozo, que el pasado 5 de mayo se amotinaron exigiendo la presencia en el lugar del defensor del Pueblo, Omar Mina Quintero, y del monseñor Eugenio Arellano Fernández.

Camilo Andrade, ex director del centro carcelario, aseguró que esta edificación fue destruida días antes de la llegada del Primer Mandatario, por disposición de la Defensoría del Pueblo, el 5 de mayo de este año.

Omar Mina, comisionado de la Defensoría del Pueblo, manifestó “en ese momento, con el monseñor Eugenio Arellano tomamos un combo y empezamos a demoler este sitio de tortura. El monseñor y yo fuimos los únicos que golpeamos la estructura, abrimos un boquete y la dejamos inutilizada”.

Mina agregó que debido a que la edificación era de hormigón armado, el 6 de mayo, a las 08:30, ordenó la destrucción inmediata del lugar.

Esta resolución se basó en el artículo 16 de la Constitución Política del Ecuador, que establece que el Estado garantizará los derechos humanos.

Sin embargo, al tratarse de un bien del Estado, la orden no se cumplió inmediatamente.

Sin embargo días después, siete trabajadores tardaron dos días en demoler la edificación y otro mediodía en levantar una nueva, construida a base de bloques y cemento “pobre”.

Esta última estructura fue la que el presidente Rafael Correa derrocó el pasado viernes, pero no se aclaró que se trataba de una réplica del “infiernillo”.