Ejecutivo tendrá mayor jerarquía que la Función Legislativa, tema debatido ayer.
En los textos tramitados sobre Función Legislativa se consolidó el poder del Presidente de la República frente a lo que será la nueva Asamblea Nacional que reemplazará al Congreso.
El poder del Ejecutivo será superior al Legislativo, cuyas atribuciones y deberes se limitarán a tramitar leyes y fiscalizar, aunque no podrán destituir a ministros; solo a funcionarios de los organismos de control mediante juicio político.
En el texto discutido en primer debate no se precisó el número de legisladores, la ley secundaria lo fijará, “ya que esta va a ir variando en el futuro”, según el informe presentado por la mesa 3 de Instituciones del Estado. Tampoco se determinó el número y nombre de las comisiones especializadas.
Se establecen cuatro jerarquías de asambleístas: nacionales, regionales, provinciales y migrantes, y reduce su edad mínima de 25 a 18 años.
Su sede será Quito, será unicameral, sesionará de manera permanente con dos recesos al año de quince días cada uno.
Los asambleístas no podrán ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Estado ni gestionar nombramientos de cargos públicos.
Gozarán de fuero de Corte Suprema de Justicia, no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan durante sus funciones.
Podrá por una sola vez destituir al Presidente de la República por cometer delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y por arrogarse funciones.
Pero esa atribución conllevará a una disolución simultánea de la Asamblea y la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales y legislativas.
Se crea el Consejo de Estado que articulará a las cinco funciones del Estado (Ejecutiva, Judicial, Legislativa, Electoral y Control Social), que presidirá el Presidente de la República.
En el debate, Mae Montaño (UNO) dijo que en la Función Legislativa se hacen modificaciones tibias; y apeló que el Consejo de Estado respete la autonomía de las funciones del Estado; “o será que a través de este consejo se quiere conseguir una dictadura constitucional”, preguntó.
El presidente de la mesa 3, Gustavo Darquea (PAIS), dijo que con el cambio de nombre pretende proyectar una nueva imagen, sustentada en el nuevo modelo de Estado. Pero Rafael Esteves (antes PSP) dijo que no es nuevo, porque eso ya constaba en la Constitución de 1850.
Planteó que la sede de la Función Legislativa sea Manabí, lo que respaldó Leonardo Viteri (PSC) y otros de SP.
León Roldós (RED) señaló que los textos no fortalecen a esa función, sino que se instaura una “seudomonarquía”. Reclamó que su integración debe ser precisa, determinar cuántos asambleístas se elegirán.
Al no precisar el número, según Julio Logroño (SP), se deja abierta la posibilidad de que cada año se incrementen. Vicente Taiano (Prian) dijo que “el país aspiraba a un Congreso bicameral porque (Rafael) Correa lo ofreció en campaña”.
AGD
Los ex gerentes de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, Carlos Arboleda y Luis Villacís, recibirán la amnistía por los procesos penales que se siguen en su contra. Así lo resolvió ayer la mesa 10 de Legislación. Los tres casos tuvieron nueve votos a favor.
Negación
La solicitud de amnistía para el ex diputado de Galápagos, Eduardo Véliz, fue rechazada con 6 votos y 4 abstenciones. El informe pasará a conocimiento del pleno.
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