EE. UU.

El New York Times dijo lo siguiente en uno de sus editoriales del jueves 26 de junio:

El Congreso de Estados Unidos finalmente está formulando difíciles preguntas con respecto al manejo que Misisipi le dio a 5.000 millones de dólares en ayuda federal de emergencia, misma que supuestamente iba a ayudarles a las víctimas del huracán Katrina.

Como el estado más pobre de esta nación, Misisipi no debería haber tenido problemas para gastar una respetable parte del dinero en viviendas para familias de ingresos bajos a moderados. Pero, con base en una lacerante carta dirigida al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, firmada por una docena de integrantes, el estado creó un programa de recuperación que es engañoso en cuanto a viviendas a precios accesibles en general, mismo que “deja desamparados a los inquilinos y familias de bajos ingresos”.

Ciertamente, los integrantes están indignados ante un plan de la entidad que desviará más de 500 millones de dólares en ayuda para combatir el desastre, para el redesarrollo del puerto Gulfport (Puerto del Golfo), que promotores locales han imaginado desde hace ya largo tiempo como un centro para cruceros y apuestas.

Eso no es lo que el Congreso se propuso cuando votó a favor de la distribución de la ayuda de Katrina, a través del programa Asignaciones Federales para Desarrollo de la Comunidad, mismo que fue creado en los años setenta a fin de mejorar la vivienda, las oportunidades económicas y la calidad de vida de los pobres.

La ley original requiere que estados y localidades inviertan 70 por ciento de los recursos que reciben en proyectos que beneficien claramente a personas con ingresos de bajos a moderados. Reconociendo que el desastre había afectado a personas de todo nivel de ingresos, el Congreso estadounidense redujo ese requisito a 50 por ciento tras el huracán Katrina y permitió que estados en la Costa del Golfo renunciaran a las pruebas de ingresos para ciertos proyectos.

Misisipi se apresuró a aprovechar esa flexibilidad.

Alphonso Jackson, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, creía que él tenía que aprobar el proyecto Gulfport debido a la forma en que estaba redactada la ley de fondos. Pero, en una carta dirigida al gobernador de Misisipi, Haley Barbour, él advirtió que “esta expansión efectivamente desvía recursos federales para emergencias de otras necesidades más acuciantes para la recuperación, más notablemente la vivienda a precios accesibles”.

El Congreso debe usar su poder para garantizar que cualquier dinero restante de Katrina se destine a hogares de bajos ingresos. Puede empezar por impedirle a Misisipi que use los fondos federales para el proyecto del Puerto del Golfo. Además, debe cerrar los vacíos que hay en la ley de asignaciones federales para localidades a fin de garantizar que, en el futuro, la ayuda para alivio de desastres llegue a quienes verdaderamente la necesitan.

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