Partiendo de un censo de los bienes inmuebles que posee el Estado y que actualmente están inhabilitados, el Gobierno Nacional desarrolla un plan para su redistribución entre las instituciones públicas que los necesiten.

Según Dick Vega, asesor inmobiliario de la Presidencia de la República, el objetivo del censo es crear un registro de todos los bienes inmuebles del Gobierno en el país, incluyendo las instituciones financieras en saneamiento “llámese esto Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Filanbanco, propiedades en el Banco Central y los diversos ministerios, para que conociendo qué tenemos, saber qué proyección podemos darle”.

El funcionario explica que con este plan se adjudicarán los inmuebles a las instituciones públicas que no tengan bienes propios. “Queremos darle buen uso (a los inmuebles) para que en lugar de gastar en arriendo se utilicen los bienes por los cuales el Estado y el pueblo ecuatoriano ya pagó”.

En el caso del edificio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ubicado en Quito y Padre Solano, Vega señaló que se elabora un estudio para decidir qué se hará con estas instalaciones.

 “Hemos mandado a hacer estudios en edificios como ese en los cuales su poca funcionabilidad no ha permitido poderlo utilizar, además del abandono que ha tenido en los regímenes anteriores en cuanto a mantenimiento”.