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| Fernando Aspiazu S. |
En las páginas 4 y 5 de la primera sección del 22 de junio del 2008 de Diario EL UNIVERSO, aparece una amplia cobertura de la crisis bancaria que se inició en 1998, con menciones específicas del feriado bancario de marzo de 1999 y de la actividad y resultados de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), creada el 1 de diciembre de 1998.
Juzgo indispensable, por respeto a la opinión pública y a su importante diario, efectuar algunas precisiones, cuyo único propósito es que impere la verdad y que se aclaren inexactitudes e infundios sobre lo que realmente aconteció con el Banco del Progreso.
1. El economista Eduardo Valencia, quien fue presidente de la comisión creada por el presidente Rafael Correa para investigar el salvataje bancario, en declaraciones a la revista Vistazo, publicadas en las páginas 22 y 23 de la edición 952 del 19 de abril del 2007, señala a los responsables directos del feriado bancario, a la cabeza de quienes pone a “Hurtado, a través de Cordes, vinculado a la banca serrana”, y, entre otros banqueros, a Álvaro Guerrero. Es indispensable que se esclarezca hasta la saciedad lo referente a los antecedentes, ejecución y consecuencias del feriado bancario, determinando quiénes son los autores y encubridores de ese crimen de lesa patria, a los que se debe sancionar con todo el rigor de la ley.
2. La AGD ha administrado con prodigalidad los activos y pasivos de los bancos privados que ha controlado. Ha castigado drásticamente los activos, que ha procedido a vender a un valor sustancialmente deprimido y de forma poco clara, llegando al extremo de dilapidar y regalar bienes destinados a respaldar a los bancos. Se alarmó a los tenedores de pasivos bancarios, como certificados de depósito, para que los vendieran a la mitad de su valor a personas que luego los hacían efectivos a su valor total en las ventanillas de la AGD. Para la supuesta recuperación de activos bancarios se procedió a contratar con honorarios de millones de dólares a abogados externos, práctica tan irregular y escandalosa que motivó la denuncia de la Comisión anticorrupción y originó acciones penales que concluyeron en sentencias ejecutoriadas de peculado en contra de varios administradores de la AGD.
3. El afán de proceder a la liquidación de la AGD es por la renuencia de sus administradores a rendir cuentas. Las prácticas contables que utilizan no resisten el más mínimo análisis. A los bancos privados que administran les cobran intereses sobre intereses, incurriendo en anatocismo, con lo que las deudas de los bancos aumentan exponencialmente. En cambio, no reconocen intereses a los acreedores de la AGD por los pasivos bancarios.
4. Un ejemplo que ilustra la forma irregular en que actúa la administración pública es lo acontecido con la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (Emelec) de mi propiedad. El Estado ecuatoriano confiscó la empresa el 21 de marzo del 2000. La primera orden que se impartió es que no se le cobrara a Emelec la energía que el Cenace, a través del sistema nacional interconectado, le entregaba a Emelec para su distribución en el cantón Guayaquil. El no pago de la energía significa mensualmente quince millones de dólares, anualmente ciento ochenta millones de dólares, lo que proyectado a seis años llega a la respetable suma de mil ochenta millones de dólares, que los administradores temporales de la empresa han administrado con liberalidad y alegría, sin rendición de cuentas. Este modo de proceder por parte de los administradores designados por el Estado ecuatoriano ha sido uno de los motivos por los que el fiduciario de Emelec, señor Miguel Lluco Tixe, ha planteado una demanda al Estado ecuatoriano ante el tribunal de arbitraje internacional del Ciadi, en Washington D.C.
5. Mi actitud ha sido siempre de total buena fe, asumiendo responsabilidades, entregando mis bienes como respaldo adicional al Banco del Progreso y sus clientes, planteando soluciones coherentes y de total viabilidad, permaneciendo en el país, afrontando con entereza las acciones en mi contra. No soy en forma alguna ni culpable ni cobarde.
Fernando Aspiazu Seminario, Guayaquil
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| Paz con Colombia |
Hasta cuándo los gobiernos de Ecuador y Colombia seguirán en este show de conflicto. Al parecer los únicos que no quieren tener paz son los señores presidentes Uribe y Correa, mientras todos los ciudadanos ecuatorianos y colombianos hemos mencionado de distintas maneras nuestras ganas de convivir en paz. Sería prudente que el Gobierno del Ecuador dé el ejemplo que pregona en la canción que pasan todo el día en la televisión y la radio, donde en su coro menciona que Ecuador es “amistad”.
En reiteradas ocasiones el poder Ejecutivo ha mencionado en público que obedece al mandato del pueblo, y el Ecuador le exige culminar el proceso de paz con Colombia y que comience a solucionar los problemas más importantes como son el costo de los alimentos de primera necesidad, el arreglo de carreteras, entre muchos otros en lista.
Andy R. Chong López, Guayaquil
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| El costo de la vida |
La subida del precio de los alimentos, la falta de empleo, depreciación del dolar y la caída de la inversión en el sector agropecuario provocan la angustia en la colectividad por miedo al fantasma del hambre. Las primeras reacciones provienen de las amas de casa, que al ir de compras a los mercados comprueban los aumentos en los precios de los alimentos básicos y ven cómo estos se alejan de la mesa de los pobres, lo cual obliga a cambiar su patrón de consumo.
No se trata, entonces, de cerrar los ojos a lo que está sucediendo, pues la elevación del precio de los alimentos se agrava cada día y desencadena quejas, denuncias y acusaciones por doquier, originando un creciente descontento popular.
El Gobierno en su gasto incontrolable ha priorizado lo improductivo y demagógico, en lugar de incentivar la producción de arroz, maíz, soya, caña de azúcar, etcétera, como servicio colectivo para aprovechar la demanda mundial, que sigue en aumento, y una oferta limitada. Pero también el Gobierno anuncia un conjunto de medidas compensatorias como subsidios a la producción agrícola para controlar la inflación, pero la aparente solución no resuelve los problemas existentes.
Debemos exigir a las autoridades del Gobierno que eviten el desabastecimiento, acaparamiento, explotación e intermediación especulativa, para garantizar al consumidor un precio justo que le permita el buen vivir.
Fulton Quintana Cabrera, Guayaquil
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| Una pizca de democracia |
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La reciente zancadilla que le ha propinado el buró político de Alianza PAIS al ahora ex presidente de la Asamblea Constituyente ha puesto en evidencia lo que ya era un comentario general acerca de quién ejercía realmente los plenos poderes en el país.
El estatuto que el pueblo ecuatoriano aprobó en la Consulta Popular Nacional de abril del 2007 es lo suficientemente claro en el capítulo tercero que tiene por título ‘Del Funcionamiento de la Asamblea Constituyente’ y establece la manera en que se elegirá al primer y segundo vicepresidente. Establece un criterio para nombrar vicepresidentes como parte del funcionamiento de la Asamblea y no solamente para su instalación, como pareciera que ha interpretado equivocadamente la mayoría de Alianza PAIS.
Claro está que la Asamblea redactó y aprobó su propio Reglamento de Funcionamiento Interno, tal como se ordenaba en el mismo capítulo tercero, pero cualquier disposición que allí se hubiese estipulado no podía contradecir el espíritu del estatuto aprobado por el pueblo. Así como se declaró pomposamente que estaba vigente la Constitución de 1998 en todo lo que no contradiga a la Asamblea, de igual manera debían tener conciencia de que ningún reglamento o resolución de la Asamblea podía contradecir el estatuto.
De más está decir que el criterio que se establece en el capítulo tercero para elegir vicepresidentes de la Asamblea es bastante razonable en aquello de asegurar una representación de minorías (que igualmente escamoteaban en épocas de la “partidocracia” desde el Congreso Nacional) y garantizar así un ambiente de mayor democracia; pero tal parece que estamos viviendo un “cambio de época” en la cual la democracia se administra por pizcas y una pizca en exceso produce urticarias terribles.
Gustavo Carbo Donoso, Guayaquil
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| Nepotismo y corrupción |
El acto ilegal ejecutado por un dignatario, autoridad o funcionario al nombrar o contratar en un cargo público dentro de una misma institución a favor del cónyuge, conviviente, parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como el beneficiar o favorecer con contratos a miembros de cuerpos colegiados del que es parte la autoridad o funcionario se conoce como nepotismo y acarrea responsabilidades administrativas, civiles o penales, a más de la destitución del cargo para la autoridad nominadora y funcionarios responsables de este acto. Además, los contratos o nombramientos carecen de validez jurídica, no se registrarán y no causarán egreso económico, puesto que sus autores deberán responder solidariamente por los pagos efectuados.
Estas disposiciones son de aplicación obligatoria en todas las instituciones, entidades y organismos del Estado, así como en las corporaciones, fundaciones, empresas y compañías donde el Estado tiene acciones o aporta total o parcialmente con bienes o capitales. Es obligación de la Contraloría General del Estado, la CCCC y más organismos de control intervenir en las instituciones donde trabajan familias enteras haciendo uso y abuso del poder y donde han creado un verdadero imperio para el tráfico de influencias y de corrupción. La Asamblea Constituyente tiene la obligación de tratar este tema con mucha profundidad para evitar que los incondicionales de siempre sigan haciendo de las suyas.
Rodrigo Contero Peñafiel, Quito
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| Alberto Acosta |
La actitud de Alberto Acosta en la actualidad frente a las exigencias del presidente Correa es correcta, pero extemporánea; debió haber rechazado la postura del Ejecutivo desde el inicio. Acosta y el presidente Correa saben a la perfección que el pueblo no los eligió para aprobar mandatos provenientes desde Carondelet, sino para exclusivamente elaborar la nueva Constitución política del Estado, para eso se les paga y bien, con plata de todos los ecuatorianos.
¿Acaso Alberto Acosta no coadyuvó, con su voto, a que el presidente Correa, cometiendo los mismos vicios del pasado, se tomara los organismos de control y nombrara a personajes obsecuentes y que han dejado mucho que desear en el desempeño de sus cargos?
Don Alberto, usted es responsable, al igual que el presidente Correa, del eminente fracaso de la Asamblea, porque el primero permitió al Gobierno prostituir la voluntad del pueblo, que depositó en ustedes grandes esperanzas de cambio. El país entero le agradecería si al principio, y no al final de la farsa, usted lo hubiese denunciado, antes de que el barco se hunda, no en pleno naufragio. Edwin Alfredo Tapia Román, Guayaquil
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| Foro de lectores |
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¿Está usted de acuerdo con los reclamos que hacen los comerciantes o vendedores informales?
Definitivamente, no. Es imposible que los ciudadanos permitamos que nuestras ciudades se conviertan en mercados, debido al caos y anarquía que estos ocasionan, para ello los municipios en lugar de rasgarse las vestiduras deben de trabajar en conjunto con estas personas y adecuar lugares para ello.
Quizá algunos de nuestros gobernantes no han recorrido la ciudad a pie o tal vez se han olvidado de caminar por sus diversas ocupaciones. Pero los invito a que visiten Cuenca, vayan por el Centro Histórico, sus iglesias y algunos de sus parques, para que vean el desorden que hay: es imposible caminar por las calles del centro, porque los vendedores ambulantes se han tomado las vías con el pretexto de no tener un lugar para trabajar. Los parques y parterres son restaurantes donde cada uno puede sacar una mesa y vender lo que mejor le plazca, los alrededores de las iglesias son mercadillos de legumbres y frutas, sin que haya una sola autoridad que ponga orden.
¿Es acaso esta imagen la que queremos vender de Ecuador al mundo? Demostremos que somos gente organizada donde todos los ecuatorianos no vivimos a la voz del carnaval, sino que colaboramos para cumplir nuestras obligaciones y leyes. Aquí debe primar el orden, solo de esta manera podemos salir adelante, no buscando votos en cada esquina, sino siendo conscientes de que lo que hacemos por nuestro país lo hacemos bien, de manera correcta y ética. Solo así haremos del Ecuador un gran país, creo que aún nos falta mucho para ello.
Jacinto Tabango Espinoza, economista, Cuenca
Claro que sí, esas personas necesitan vivir y mantener a sus familiares, y el Alcalde debe pensar en una solución a ese problema. Claro está que él ha creado plazas de trabajo para dichos comerciantes, pero hay que ver si esos lugares tienen movimiento o demanda para que puedan efectuar la venta de sus productos; aquí no se trata de imponer solamente o de actuar con prepotencia de parte del Gobierno Nacional y local, aquí se trata de brindarles el mejor apoyo a esas personas que por cosas fortuitas de la vida no pudieron realizarse y que ahora necesitan trabajar de esa manera para poder vivir. Sería bueno que el Alcalde se reúna con ellos, que conversen y que a partir de ese diálogo este asunto se acabe. Recordemos que ellos no están robando, están trabajando.
Sebastián Bernitt F., Guayaquil
No estoy de acuerdo. Pienso igual que como opinaba en el pasado la asambleísta Aminta Buenaño, tal como se vio en un artículo publicado por ella en EL UNIVERSO el 8 de febrero del 2004 (‘Los robaburros’) y vuelto a publicar el 6 de junio del presente. Extrañamente, ahora la asambleísta cambia radicalmente de posición, seguramente por órdenes del señor Correa. Los informales deben de regirse a un mínimo de disciplina por el bien colectivo.
Todo esto se hace para ver cómo molestar con jota a Guayaquil y sus instituciones, por politiquería de la más baja que pone a pueblo contra pueblo, instigado por los señores socialistas del siglo XXI. Ya quisiera yo que se le pongan en el portal de la casa de la señorita asambleísta, (como les sucedía a muchos guayaquileños), a ver si vuelve a entrar en razón. Los derechos míos terminan donde comienzan los de los demás.
Carlos Julio Velasco Plaza, Guayaquil
El pueblo tiene derecho a trabajar, pero en forma ordenada y con responsabilidad en la vía pública. Estamos en una época de cambios y debemos desterrar el sistema caótico de nuestras calles.
Carlos Barreiro, Guayaquil
¿Qué opina de la decisión europea de endurecer las leyes contra los inmigrantes indocumentados?
¿Cree que en el tiempo que resta se podrá elaborar una buena Constitución?
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| Odontología |
Se organizan jornadas odontológicas del 1 al 3 de julio en el auditorio del edificio Executive Center, avenidas J. Tanca Marengo y Constitución, 7º piso, frente al Mall del Sol. Mayores informes al 253-0060 y 251-0448, o en Boyacá 1417 y Aguirre, ofic. 303. |
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