Pocos se atreven a hablar. Los armeros de San José de Chimbo (Bolívar) están molestos porque se les responsabiliza de dotar de armas ilegales a los delincuentes. “Para vender un arma, nosotros pedimos documentos personales, recomendaciones, certificados psicológicos”, se defiende Hugo Muñoz, de 48 años, 35 de ellos como fabricante de armas.

Según el reglamento de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, las armas vendidas no podrán ser entregadas al comprador mientras este no hubiere obtenido el permiso para portarlas.

Para elaborar un revólver o pistola, Muñoz cuenta con un taller donde tiene equipos valorados en 17 mil dólares, que le sirven para crear cada una de las piezas, aunque estos días, dice, “el negocio está malo”. Tan malo que si antes el costo de un arma estaba  entre $ 112 y $ 448, hoy se vende hasta en $ 30 “para sacar para el arroz”.

Pese a las bajas ventas que dicen registrar, los armeros agrupados en una asociación y una cooperativa sacan de Chimbo legalmente más de 300 armas al mes, afirma el capitán Enrique Gómez, jefe del subcentro de Control de Armas de las Fuerzas Armadas de Bolívar.

La mayoría de ellas son revólveres del calibre 22 al 38, y pistolas. Casi todas van a Guayaquil y Quito. Algunas llegan a manos de empresas de seguridad, pero otras se entregan directamente al usuario.

En Chimbo incluso se han suspendido los permisos a fabricantes “porque venden directamente al consumidor final”, dice Gómez. Producto de ello, se ha reducido el número de talleres. Hace cuatro años había 150 armeros, ahora 38.

“El problema es que todos se enfrascan en Chimbo, también hay armerías en Portoviejo, Cuenca”, dice Gómez.

Ángel Armijos, dueño de la armería Llama, comenta que identificó por televisión armas cuencanas usadas en un asalto. “Pero como el ojo del huracán es Chimbo, todos hablan, dicen que de aquí salen las armas para los delincuentes”, se queja Armijos, miembro de la Cooperativa Tambán, que junto con  la Asociación 22 de Abril analizan la posibilidad de formar dos fábricas grandes, como les han pedido las Fuerzas Armadas, con el objetivo de que trabajen bajo las normas técnicas internacionales.

El 19 de junio pasado, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil hizo un llamado al Comando Conjunto de las FF.AA. para que suprima los permisos para la fabricación de armas artesanales, basado en  que con ellas se comete el 80% de los delitos.