El texto constitucional que dio paso la mesa 6, de Trabajo, Producción, Igualdad e Inclusión Social, tuvo las siguientes reformas para su aprobación en el pleno de la Asamblea Constituyente.

Entre las obligaciones del Estado  en relación con soberanía alimentaria como objetivo estratégico de la sociedad ecuatoriana, fija impulsar y facilitar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía popular solidaria, a fin de que se destinen fundamentalmente al consumo local y nacional mediante la generación de sistemas de provisión, distribución y comercialización.

Fortalecer la diversificación de la producción agropecuaria.
Prohibir el uso de productos agrotóxicos que causen daños a la salud y el ambiente e impulsar el desarrollo de la industria agroquímica nacional, con responsabilidad ecológica.

Garantizar que los alimentos cárnicos para el consumo humano sean producidos, desarrollados y manejados bajo normas sanitarias y de bioseguridad, precautelando incluso el bienestar de los  animales.

Impulsar el desarrollo de la investigación científica y la capacitación e innovación tecnológica fundamentada en prácticas apropiadas que aseguren la soberanía alimentaria.

El Estado normará el uso y acceso a la tierra. Podrá expropiar la tierra de vocación agrícola y pecuaria de tenencia especulativa que no sean bosques o reservas ecológicas para priorizar las políticas de soberanía alimentaria.

Se prohíbe el acaparamiento  o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. La gestión del agua es exclusivamente pública y se establecerá un Fondo Nacional de Tierras para garantizar el acceso equitativo a los recursos productivos y la erradicación de la pobreza rural.

El Estado revisará la actual situación de  acceso al agua de riego, con el fin de reorganizar el otorgamiento de las concesiones, el abuso y las inequidades en las tarifas de su uso para garantizar una distribución más equitativa.