El Gobierno, mediante el Decreto 1079 suscrito el 11 de mayo pasado, creó el Instituto Nacional de Riego (INAR), el que tras su promulgación en el Registro Oficial iniciará un proceso de recuperación de los proyectos que manejan los recursos hídricos.

Con esta propuesta, las entidades con activos y pasivos, junto con personal, estarán en manos de este organismo, que entrará en control total el próximo mes.

La medida no fue del agrado de cuatro asociaciones de obreros, entre ellas, la de los empleados de la CRM, quienes interpusieron el pasado martes, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo, un amparo constitucional con el cual pretenden que se la suspenda.
Fernando Burgos, dirigente de obreros de la CRM, indicó que está en riesgo la posición laboral de sus compañeros.

“Estamos no solo defendiendo nuestro espacio de trabajo, sino el derecho de que los manabitas defendamos nuestra entidad que no cayó del cielo, sino que surgió de una medida de hecho, entonces reclamamos un trato justo”, sostuvo.

Sin embargo, Xavier Valencia, presidente de la CRM, tiene otra lectura del hecho. “El cuestionamiento que hacemos a estos sectores es por qué no dijeron nada cuando a la CRM le cambiaron de nombre, cuando entregaron a la empresa privada la operación de los embalses, cuando dejaron a 600 trabajadores sin funciones, cuando sistemáticamente se han hecho una serie de actos de corrupción que son parte de la agenda neoliberal”, fustigó.