Solo 115 obreros de los 600 que hay en la Corporación  serán indemnizados en la primera fase.

Son las 14:00 del martes 24 de junio y en las oficinas de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) dos obreros,  de entre 60 y 70 años de edad, conversan alegres, incluso utilizan un escritorio  para apoyar las extremidades inferiores y hacer más ‘amena’ la tertulia. 
Esta situación es similar entre  los   600 empleados de la CRM, quienes tras varios procesos e interpretación de decretos  propuestos en  más de 43 años de creación del ente, encargado de regular el manejo de los recursos hídricos de la  provincia,   se quedaron sin hacer nada.

Las estadísticas que maneja la actual directiva de la CRM señalan que debido al traspaso de responsabilidades para manejo de embalses y apoyo técnico hacia gobiernos seccionales de la provincia, y la entrega de manejo de proyectos hídricos, se dejó sin  trabajo a más de 600 obreros, ya que los cabildos optaron por ubicar a su propio personal. A esto se suma que la carga burocrática presentará un incremento anual en  el presupuesto general de la CRM.

En el 2007, el presupuesto llegó a $ 13 millones, de los cuales el 75%  se destinaba al pago de salarios y la cuarta parte  era asignada para el pago de elaboración de proyectos u otros indicativos de la entidad.
En la actualidad, según el área de Recursos Humanos, el rubro destinado al pago de sueldos  se redujo al 50%.

El total de empleados y obreros de la CRM  es de 920. De este grupo más de 600 empleados, que no efectúan  labor alguna (el 65%) tiene un nuevo trabajo, asegura Xavier Valencia, presidente de la CRM, al tiempo que reconoce que los salarios de la gran mayoría de ellos no superan, en muchos casos,  los $ 200 mensuales.

Con el fin de reducir la carga burocrática, el Gobierno Nacional inició un proceso para el pago de indemnizaciones de este  grupo de personas.

La primera fase de este proceso indemnizará a 115 personas, cuyos pagos tienen un promedio de entre $ 20 mil y $ 30 mil; un total de $ 3 millones  que desembolsará el Estado, y que se completará en un plazo no mayor a dos años, según  las intenciones de los directivos de este organismo.

El total  para liquidar a  los  600 empleados es  de $  13 millones, es decir el presupuesto total de un año de la CRM.

Dentro de este proceso de indemnizaciones se evidenciaron casos pocas veces vistos en el sector burocrático. Algunos empleados, cuyas edades sobrepasaban los 80 años, debieron llegar en sillas de ruedas y hasta en brazos de sus descendientes para firmar el documento que los desligaba en forma final de la CRM.

Es el caso de Ramón Enrique Toro, quien con lágrimas en el rostro, y una severa enfermedad en su organismo, estampó su firma en un cheque que reconocía sus 30 años de trabajo en el organismo.

“Por fin se hizo justicia.  Al fin tuve la dicha de cobrar un dinero que me lo gané con toda justicia”, relató Toro, antes de romper en llanto.

Con quienes no pudo hacerse justicia fue con otros 19 obreros que en la espera de que se los indemnice, fallecieron. 

Ahora se analiza en el directorio de la CRM el pago de esos rubros a los parientes de estos trabajadores  que en muchos casos murieron en medio de penurias económicas sin gozar de una merecida jubilación.