Propuesta.

Asambleístas de PAIS plantearon en la mesa 1 de Derechos Fundamentales incluir dentro de las normas sobre las especificaciones de la familia, que “la unión estable de una pareja, sin que importe su sexo u opción sexual y en donde cada uno de sus componentes estén libres de matrimonio o vínculo similar con otra persona, generará los derechos y obligaciones que reconozca la ley”.

Seguidamente a la norma planteada por María Soledad Vela y María José de Lucca (PAIS) se determinó que la adopción “solo corresponde a las parejas de diverso sexo”.

Pero María Cristina Kronfle (PSC) considera que prohibir que las parejas de un mismo sexo adopten algún niño, no es suficiente debido a que las uniones de hecho, que es lo que implicaría el enunciado propuesto por PAIS, involucran otros derechos familiares.

“Hay obligaciones y responsabilidades como derecho de alimentos, repartición equitativa de los bienes, derechos sucesorios. Ellos (refiriéndose a PAIS) se toman a la ligera todo. Enunciados como los propuestos darían paso a que en la futura ley se interprete que por qué no se puede dar paso a que exista un matrimonio entre gays con la firma de algún contrato”, aseveró Kronfle.

Sergio Chacón (PSP) dijo que la norma busca dejar la puerta abierta para que se legalice la unión de homosexuales. “Se quiere dar el mismo rango y el nivel de derechos que implica una unión de hecho entre un hombre y una mujer por lo que estamos en desacuerdo. Esa es una propuesta radical que siempre rechazaremos”.

Las críticas se centran además en que se incluya el enunciado dentro de los artículos sobre la familia, que la mesa 1 aún debe aprobar como parte del último paquete de textos constitucionales para que sean analizados en primer debate en el pleno de la Asamblea.

Algunos de PAIS admiten que la norma planteada busca que en la ley se establezca la unión en matrimonio de dos personas del mismo sexo.

Amanda Arboleda (PAIS) por ejemplo, cree que “obviamente el artículo deja la puerta abierta, eso es innegable, pero no veo cuál es el problema. No estamos legislando sobre la religiosidad de la población, sino sobre los derechos de las personas por igual”.