Reclamo agrario.

Un polémico impuesto a las exportaciones agrícolas que causó una crisis política en Argentina cuenta cada vez con menos respaldo en el Congreso, donde muchos diputados oficialistas se mostraban ayer reticentes a ratificar la medida.

Tras cuatro huelgas, bloqueos de rutas, desabastecimiento de alimentos y una puja de más de 100 días que saturó a los argentinos, el gobierno decidió la semana pasada buscar el apoyo del Parlamento al impuesto aplicado en marzo que despertó la furia de los productores.

Pero muchos legisladores del oficialismo, con mayoría en el Congreso, sufren la presión del sector rural, lo que siembra dudas sobre el futuro del proyecto, que sube la tasa que paga la soya, el mayor cultivo del país.

Ayer, cerca de 50 diputados afines al gobierno –de 257 que integran la Cámara– no aprobarían el proyecto si no es modificado, lo que volvería imposible ratificar el sistema de impuesto creado por la presidenta Cristina Fernández.

Legisladores oficialistas incluso elevaron proyectos alternativos al del gobierno, que prevén menores tasas para las exportaciones de granos.

“Escúchenos, señora (por la presidenta), no somos opositores, estamos al lado suyo con una idea diferente”, dijo el diputado oficialista Arturo Heredia, de la importante provincia agrícola de Córdoba.

Una vez terminada la sesión del Congreso, el sector rural y el gobierno suelen continuar la discusión frente al Parlamento, donde montaron inmensas carpas blancas  y gigantescos muñecos inflables, cantores populares y otras actividades.

El conflicto hizo caer la imagen positiva de Fernández y ya perjudicó la marcha de la economía doméstica.