Lo que está pasando con el arroz es una injusticia. Yo nada tengo que ver con la industria arrocera pero me importa porque el día de mañana esa mala costumbre de que el Estado administre lo que es de uno como que si fuera propiedad pública me podría afectar a mí y a mi familia (así como también a usted y a la suya).

Cuando los precios de los alimentos suben, la popularidad del gobierno de turno baja. Por eso es que políticos de ambos lados del espectro fácilmente recurren a controlar los precios. Desde Felipe Calderón en México hasta Hugo Chávez en Venezuela y Cristina de Kirchner en Argentina, los controles de precios parecen ser la respuesta impulsiva.

Pero el tema del arroz va más allá. El control de precio sobre el  arroz es doble: no solo se controla a través de la banda de los 24 a los 28 dólares sino que también se prohíben las exportaciones causando que haya una sobreoferta en el mercado local. Pero la injusticia es de más alto calibre: las exportaciones se permiten solo si es el Estado el que las hace.

Si usted quiere exportar arroz, no lo puede hacer. Si se quedó varado con los quintales de arroz que pensaba enviar a Colombia o a Perú por 45 dólares el quintal no le quedará otra que intentar vendérselos al Estado por 28 dólares. Pero la ofensa es mayor aún. El Estado le compra a usted el quintal a 28 dólares y luego se lo vende a Venezuela a 36,36 dólares. Aquí el robo es de frente. Esa diferencia de 8,36 dólares por quintal es suya y se la quitó el Estado.

Si es que se venden las 60.000 toneladas a Venezuela a ese precio, como ha anunciado el Gobierno, el Estado se ha apropiado de aproximadamente 11 millones de  dólares que son propiedad de los arroceros (los aproximadamente 35.000 ecuatorianos que son dueños de sembríos). Por esto se podrían ver perjudicados los aproximadamente 1’200.000 jornaleros que trabajan en los cultivos de arroz.

El perjuicio real para los arroceros en realidad es casi  22, 5 millones de  dólares porque esas 60.000 toneladas de arroz que el Gobierno ha prometido a Venezuela se hubieran podido vender fácilmente a 45 dólares en Colombia.

Y el problema no es solo porque me oponga a que alguien se aproveche del fruto del trabajo honesto de otro, sino porque me parece que los venezolanos con un PIB per cápita  de 10.719 dólares (comparado al nuestro que es de 6.925 dólares) difícilmente necesitan que les demos arroz subsidiado. Ni tampoco creo que el Gobierno debería andar pagando favores con cosas que no le pertenecen.

La defensa de los derechos de propiedad requiere que uno sea coherente. Por lo tanto, los arroceros tampoco deben pedir subsidios el día en que bajen los precios.

Una de las más grandes injusticias ocurre cuando otro se aprovecha de lo que uno se ha ganado trabajando honestamente. Esa sensación que uno siente cuando le roban algo, esa impotencia y frustración de todo el esfuerzo que se hizo en vano es algo de lo cual el Estado debe protegernos. No obstante, ¿quién nos protege cuando es el Estado el que se aprovecha del fruto de nuestro trabajo? Un gobierno de leyes, no uno de hombres con pretensiones de volverse el próximo caudillo.