El gobierno español garantizó este martes a 20 embajadores de países latinoamericanos que la directiva europea de retorno de indocumentados recientemente aprobada no endurece la legislación migratoria en España.

Los secretarios de estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y la Unión Europea, Diego López Garrido, convocaron a los embajadores de Latinoamérica a una reunión para resolver las dudas surgidas en torno a la nueva ley europea y lanzar un  mensaje de tranquilidad sobre su contenido.

López Garrido explicó que se trataba de  aclarar malos entendidos y responder a las preguntas que planteasen los diplomáticos sobre esta directiva, aprobada la semana pasada por el parlamento europeo.

"Todo lo que se ha escrito sobre deportaciones masivas es una tontería. La legislación no va a endurecerse", señaló.

En ese sentido, Jiménez explicó que la nueva norma es "garantista, ya que exige a los 27 socios de la UE prestar asistencia legal a todos los inmigrantes irregulares que sean retenidos".

La secretaria de Estado para Iberoamérica dijo que los embajadores habían expresado una gran preocupación por ese periodo máximo de 18 meses de retención que prevé la ley europea para los indocumentados.

"Hemos dejado claro que en España nunca aplicaremos ese plazo", argumentó. Y recordó que la normativa española establece un periodo de 40 días de retención para inmigrantes ilegales, que, como mucho, podría ampliarse a 60.

Sobre las críticas a la directiva de presidentes como Evo Morales de Bolivia o Hugo Chávez de Venezuela, quien llegó a amenazar con suspender las exportaciones de petróleo a los países que aplicasen la norma, Jiménez respondió que "respeta todas las valoraciones".

"Es importante subrayar que Europa contempla la inmigración como un fenómeno positivo y lo único que hace la directiva es armonizar la legislación de los 27", recordó.

Además, el gobierno español se comprometió con los embajadores a celebrar todas las entrevistas que consideren necesarias para resolver cualquier duda pendiente.

La directiva de retorno de la Unión Europea prevé hasta 18 meses de retención para una persona sin papeles mientras se tramita su repatriación, la posibilidad de retener a menores no acompañados como último recurso y la prohibición de volver a pisar territorio europeo durante cinco años a cualquier deportado.

La ley también garantiza la asistencia jurídica a todos los indocumentados. Hasta la aprobación de esta directiva, ocho de los 27 países de la Unión podían retener por tiempo ilimitado a los inmigrantes irregulares sin prestarles ayuda legal.