Hace pocas décadas sucedió en el país un hecho inédito. Por intereses políticos convertidos en presión estudiantil, y bajo el lema de “democratizar a la universidad”, el Consejo Universitario de la Central resolvió suprimir todo requisito, excepto la presentación del diploma de bachiller, para el ingreso a la universidad. La inusitada medida forzó a otros establecimientos a seguir el descarrilado ejemplo. Cursos que tenían un centenar de estudiantes, de la noche a la mañana se abarrotaron con mil o más alumnos. Las aulas resultaron insuficientes.
Ni qué hablar de laboratorios y profesores.
Muy largo sería el referirme a las tantas y azorantes consecuencias de aquella medida. En esencia, la calidad de la enseñanza y la educación misma se precipitaron a niveles deplorables.
Fueron épocas en que multitudes de jóvenes encandilados volaban a matricularse en alguna facultad universitaria. Y más pronto que tarde, buena porción de ellos descubría que ni estaba preparado ni tenía la vocación necesaria. Ya desde los primeros meses se producían deserciones y hacia el segundo año abandonaban sus estudios casi la mitad de quienes con tanto entusiasmo habían ingresado. Al cabo, frustradas sus ilusiones y habiendo perdido irrecuperablemente el tiempo, muchos terminaron como víctimas desvalidas.
Pero el daño no cesó. A resultas de todo lo anterior, acaeció más tarde otro fenómeno inédito en el país: el número de universidades se disparó. Pese a las limitaciones establecidas por el Conesup (Consejo Nacional de Educación Superior), los sucesivos congresos nacionales fueron aprobando la creación de más y más establecimientos que, hoy por hoy, sobrepasan de 70. Si se considerara este número en proporción a la población ecuatoriana, el Japón tendría casi 1.000 universidades y Estados Unidos más de 3.000. Venezuela tiene 49 y Uruguay 5.
Con tales antecedentes, la Espol propone ahora: “Declarar una moratoria de diez años en la creación de universidades y escuelas politécnicas tanto públicas como privadas. El país tiene más de 70 universidades, muchas de las cuales no reúnen los estándares internacionales requeridos. Durante esta moratoria debe realizarse un estudio nacional que determine con rigor en dónde faltan universidades, qué tipo de universidades deben crearse, qué universidades deben fusionarse, reorientarse o, de ser el caso, desaparecer. Esta moratoria también debe incluir no más autorizaciones para crear “extensiones” u ofertar en otras “sedes” “carreras taquilleras”, cuyos resultados académicos no cumplen con los indicadores de la educación de calidad”.
Merece ser considerada con seriedad la propuesta de la Espol. Nadie negará que es indispensable abrir caminos apropiados para que la educación universitaria arribe a esperadas metas de eficiencia y calidad.
El país entero se juega en buena medida su futuro según sea el futuro de sus universidades.