Para los asambleístas de Acuerdo PAIS, las reformas introducidas en la nueva Constitución que se redacta en Ciudad Alfaro protegen al país de futuras crisis financieras.

En los articulados de Soberanía Económica que se refieren al Sistema Financiero, se incluyeron normas como la prohibición de que el Estado asuma deudas privadas o la expresión de que la banca es un “servicio de orden público”, con lo cual se fortalecerían los controles del Estado, coinciden Betty Tola y Germánico Pinto (PAIS), miembros de la mesa 7 de Régimen de Desarrollo.

Una de las reformas más importantes, según Tola y Pinto, es aquella que establece que “los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones”.

El texto del articulado propuesto por la mesa 7 prohíbe expresamente el congelamiento de fondos o la retención arbitraria y generalizada de los fondos o depósitos.

El asambleísta Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya), del grupo de la minoría de la mesa, sostiene que hay falencias que debilitan al sistema financiero, como la no creación de un fondo de ahorro que permita afrontar shocks económicos internos (como desastres naturales) o externos (reducción de los precios del petróleo).

Si se insiste en poner que la banca es una actividad “de orden público”, refiere, se daría paso a un excesivo intervencionismo del Gobierno, que podría fijar unilateralmente las tasas de interés u obligar a los bancos a conceder créditos a quienes considere.

Pero tanto Tola como Pinto y Lucio Paredes coinciden en que el texto que prohíbe a los banqueros tener acciones u intereses en otras actividades ajenas a su negocio es un planteamiento “positivo”.
“Uno de los elementos de la crisis financiera fue, precisamente, la entrega de créditos vinculados”, dijo Tola.

La propuesta de artículos incluye una disposición transitoria en la que se indica que el Presidente de la República formará una comisión especial que investigue cómo se produjo la crisis bancaria de 1999, estableciendo la responsabilidad de los banqueros.

Según el texto, este informe será entregado a la Asamblea Nacional (nuevo Congreso) en un plazo no mayor a un año.

La mesa 7 todavía no ha aprobado ese texto, expresó Pinto.

El Gobierno creó, en el 2007, una comisión especial que estableció el monto aproximado del costo de la quiebra bancaria: más de $ 8.000 millones.

Los textos fueron entregados a la mesa directiva para que lo incluya en el orden del día para el primer debate.

Defensor
El texto de la mesa 7 de Régimen de Desarrollo plantea la creación de un defensor del cliente independiente para cada institución financiera.

Banco Central
El organismo no será autónomo, según la norma. Su funcionamiento será definido en la Ley.