El artículo 53 de nuestra Carta Magna en su primer párrafo dice: “El Estado garantizará la prevención de  las discapacidades y la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de  indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades”.  ¡Qué artículo más puntual sobre la obligación que tiene el Estado para con ese aproximado 12% de la población de nuestro país! (1’400.000 personas aproximadamente). Si tomamos en consideración que el Estado son las entidades gubernamentales, provinciales, seccionales... que dirigen nuestra población, ¿por qué existe en las calles una cantidad impresionante de indigentes con discapacidad que piden caridad?

Este Gobierno ha tenido la certeza de cambiar de nombre y dar otro giro al anterior Ministerio de Bienestar Social y llamarlo de Inclusión Social, pero si esta cartera de Gobierno quiere triunfar en su digno propósito, es natural que se asignen más recursos, se focalicen los subsidios, se estudie pormenorizadamente la población desprotegida que verdaderamente necesita esta ayuda.

El 26 de abril existió una gran manifestación en favor de estas personas, tanto en Guayaquil como en Cuenca, y fue muy emocionante ver cómo toda una multitud de gente está dispuesta a apoyar a una población que necesita ser incluida en nuestra sociedad, que demuestra que no son minusválidos sino que tienen una capacidad especial, porque libran una batalla día a día  contra sus limitaciones que, no obstante, no son impedimentos para triunfar. Seamos más incluyentes y apoyémoslos.

Asambleístas, demos la importancia necesaria a esta parte de la nueva Constitución; este es el Gobierno de todos, mejoremos esos artículos de nuestra Carta Magna, para que sea cumplida y que no solo tenga textos líricos que se queden en letra muerta.

Eliminar las barreras de comunicación, libre  acceso a todos los bienes y servicios, garantizar la salud, incluirlos laboralmente, son algunos de los más importantes derechos que les asisten a las personas con  capacidades especiales y la nueva  Constitución deben considerar seriamente el cabal cumplimiento.

Carlos S. Emanuel Intriago,
economista, Guayaquil

Los señores asambleístas y el Presidente Correa quieren inventar el agua tibia con lo de redefinir la propiedad privada a su función social.
Después de la Edad Media, el significado de propiedad privada evolucionó, de igual forma de unos 200 años hasta ahora.

Si se pone a funcionar un medio de producción, este ya cumple una labor social: la generación de empleo, la riqueza, la innovación.
Que el Estado no redistribuya la riqueza es otra cuestión, pues es un vil despilfarrador, un barril sin fondo, un pésimo administrador (liquidaciones millonarios para burócratas, el famoso sobreprecio del 10%).

Que se mencione que para cumplir una función social no se atente contra el medio ambiente, no es culpa solamente del empresario privado irresponsable sino también del funcionario público o del municipal si se deja sobornar cuando el primero no trata las aguas residuales, por ejemplo, como debería hacerlo una industria.
Las leyes para proteger el medio ambiente ya existen en Ecuador. El problema es que nadie las cumple.

Me temo que en el fondo estas nuevas discusiones sobre la propiedad privada son un comunismo disfrazado de los gobernantes de turno y su líder.

 Por lo menos Fidel Castro tenía el mérito de ser frontal con su convicción ideológica al llamarse él mismo comunista.
A los asambleístas y su líder, el presidente Rafael Correa, les da temor llamarse comunistas y prefieren disfrazarse con el término “Socialismo Siglo XXI”.

Mejor los invito a ellos a leer el libro  El Capitalismo del Siglo XXI  del historiador económico Robert Heilbroner para que sean más pragmáticos, acorde con este siglo y los venideros y dejen de ser teóricos de pizarrón y dogmáticos.

Iván Guillermo Falconí Delgado,
Quito

Mi opinión es sobre el inconveniente mandato eléctrico propuesto en la Asamblea.

Es evidente la necesidad de inversión de ingentes recursos en el sector eléctrico, y puntualmente para superar problemas en la generación y distribución eléctrica en Guayaquil, sin embargo, considero que existen vías más convenientes para procurar recursos para tal efecto, como por ejemplo la entrega directa de fondos por parte del Ministerio de Economía, o mediante fideicomisos de administración y retorno manejados por instituciones estatales como CFN (Corporación Financiera Nacional) o Banco del Estado. Bajo ningún concepto, se debería acceder, para ese efecto, a los recursos del Fondo de Solidaridad cuyos rendimientos están destinados únicamente para proyectos de carácter social.

En todo caso, si la política consiste en desbloquear el capital del Fondo de Solidaridad ya sea mediante reforma constitucional, legal o mandato, esos fondos deberían usarse en proyectos de incidencia social directa que ayuden a mitigar eficientemente la pobreza; tales como los proyectos de alimentos, educación o vivienda que desarrolla el Estado a través del Gobierno central o de los organismos seccionales.

La intención es buena, pero creo que los asambleístas que pretenden la aprobación de tal mandato, deberían coordinar con el organismo rector de las Finanzas en el Estado, que es el Ministerio de Economía, y con el Ministerio de Energía, la búsqueda de un mecanismo más conveniente y técnico para la necesaria inversión en el sector eléctrico, que hasta que no se solucionen los problemas de fondo como el tarifario, esas inversiones caerán en saco roto.

Juan Ramón Jiménez-Carbo,
abogado, Guayaquil

Aunque ya deberíamos estar acostumbrados a las incongruencias, despropósitos y falta de criterio en algunos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, debemos reconocerles la infinita capacidad de sorprendernos cada día, con la desfachatez con que irrespetan la inteligencia y sentido ético del pueblo ecuatoriano.

En el Diario hemos leído declaraciones de la asambleísta Paula Romo en relación a que no se debe penalizar el aborto, porque “debemos confiar en la capacidad ética de las mujeres, confiar en que tomamos las decisiones con responsabilidad”.

Bajo esta premisa deberíamos también despenalizar, por ejemplo, el robo porque debemos confiar en nuestra capacidad ética para decidir no robar.

Ni qué decir de la admisión pública de la práctica del aborto por parte de algunos asambleístas, lo cual constituye un delito bajo el ordenamiento jurídico vigente. ¿No exige esto alguna reacción por parte de la Asamblea? ¿Es que la confesión pública de un delito no merece la actuación de oficio de algún juez de la república? Pero en la Asamblea esta conducta delictiva se premia con un aplauso de aclamación.
En definitiva, han superado ampliamente a cualquier Congreso.

Eunice Morán Marussich,
Guayaquil

No creo que la CTG pierda autonomía al regirse por las nuevas leyes de tránsito. Se supone que haga cumplir las  actuales, así que en realidad no entiendo por qué las personas se alteran. Además, si estas nuevas políticas son mejores que las anteriores, ¿por qué no implementarlas? ¿Acaso queremos que sigan habiendo accidentes de tránsito en los que no se hallen responsables? O en el peor de los casos, que se condenen a personas inocentes. En muchas ocasiones son los transeúntes los que ocasionan accidentes de tránsito, pero estos no son sancionados porque esto no está contemplado en la ley.

Creo que primero hay que probar las soluciones antes de condenarlas y deberíamos dejar de lado nuestro ‘guayaquileñismo’ absurdo que en ocasiones no hace más que separarnos.

Denisse Fierro,
Guayaquil

Me parece correcta puesto que con esto se supone que deben de cambiar las malas políticas con que se ha venido manejando la CTG, al tiempo que también los vigilantes comprendan que no son los dueños del tránsito sino controladores, para que no anden persiguiendo a los conductores de carros particulares que lo único que hacen es ganarse el pan de cada día.

Kléber Barragán H.
Guayaquil

Que es otra de las graves equivocaciones de la asamblea oficialista.

Mauro Erazo Vélez,
ingeniero, Guayaquil

No sé qué tenemos los guayaquileños que nos creemos diferentes al resto y hasta con leyes y organizaciones propias. Si tanto promulgamos la unidad nacional, empecemos por lo básico: sentir que todos somos iguales ante la ley y que esta es una sola. Ya era hora de ser uniformes con una sola ley de tránsito.

Agustín Valverde,
Guayaquil

Excelente. Ya necesitábamos que alguien les diga basta de tanto abuso. Yo, y creo que el 99% de los ciudadanos de Guayaquil, hemos sido asaltados por estas autoridades... nunca nadie luchó por nuestros derechos, pues como se sabe la Comisión era un botín político. He sido asaltado por los vigilantes desde los 16 años en que empecé a manejar... y la última fue cuando acudí a revalidar mi licencia, me salieron con infracciones que nunca las he realizado pues había estado cinco años fuera del país.

Juan Carlos Sánchez-Barahona,
Guayaquil

No creo que los graves problemas de moralidad y capacidad de la CTG se arreglen con el cambio de autoridad jurídica. Estas carencias se podrían suplir con el ingreso de un personal nuevo, con firmeza moral y capacitado en temas de tránsito en su totalidad, ya que el existente está plagado de corrupción y es irrecuperable.

Javier Triviño,
Guayaquil

“Honestidad y Justicia Social”. Cada vez que digo que esa es la solución para todos nuestros problemas, un amigo mío se ríe y dice que eso nunca va a suceder... Dejemos de robar, dejemos de elegir a ladrones... pero no podemos, porque tenemos las manos metidas (o queremos meterlas) en la misma masa.

Nicolás Avilés,
Guayaquil

¿Está usted de acuerdo con los reclamos que hacen los comerciantes o vendedores informales?

¿Qué opina de la decisión europea de endurecer las leyes contra los emigrantes indocumentados?