Las rutas de Argentina se reabrieron ayer y se reanudó la comercialización de granos para exportación tras 102 días del paro de los agricultores contra los nuevos impuestos en rebeldía fiscal, aunque la disputa seguirá en el Congreso.

En Argentina hay dos realidades detrás del conflicto entre la presidenta Cristina Fernández y el campo: la tendencia al monocultivo y la concentración de tierra en pocas manos.

El 50% de los 30 millones de las cultivables se dedica a la soya, de la que Argentina es el tercer productor mundial, pero que se exporta en un 95%. Granos como trigo y maíz, que se consumen en el mercado interno tienen una superficie cultivada cada vez menor.

También hay menos ganadería, aunque cada argentino consume 70 kg de carne vacuna por año, pues criar una vaca consume más tiempo e inversión que cultivar soya.

Otra realidad es que pocos se benefician del comercio de la soya pues la producción está concentrada en grandes terratenientes y los llamados “pools de siembra”, conglomerados financieros ajenos al campo.

En Argentina hay 84.000 soyeros, pero solo el 20% de ellos reúne el 80% de los cultivos. Pequeños y medianos agricultores, tienen el 20% restante.

La presidenta dice que el nuevo esquema aumenta los impuestos a los terratenientes y tiene como objetivo evitar el monocultivo y lograr una mejor distribución de la riqueza generada por la venta de la soya.