En el Sur de Europa abunda la inmigración ilegal, pero también los planes de perdón. En las últimas dos décadas, España, Italia, Portugal y Grecia han implementado, por lo menos, 15 programas de legalización. Entre ellos, hace 3 años, una iniciativa española que fue una de las más importantes de todo el continente.
Con poca oposición de su población, España legalizó a casi 600 mil de los trabajadores de África, Latinoamérica y Europa Oriental que ayudan a impulsar su economía y llevaron al país, alguna vez aislado, las fuerzas y las tensiones propias de la diversidad.
Los inmigrantes alegan que sus cotizados permisos de trabajo han redundado en sueldos más elevados, tranquilidad y reencuentros de familias separadas. Sin embargo, sus detractores replican que las legalizaciones han atraído a más inmigrantes ilegales y advierten de que la desaceleración económica enfrenta ahora a España y sus extranjeros.
Entre los beneficiarios de la política de legalización se encuentran Ignacio Cantos y Sandra Delgado, matrimonio ecuatoriano que dejó atrás a cuatro hijos y una crisis económica para buscar empleos en España. Entre otras cosas, la legalización permitió que su hijo menor, Allan, de 8 años, pudiera vivir con sus hermanos en casa de sus abuelos desde que tenía 3 años.
“Jamás volvería a dejar a mis hijos”, expresó Delgado, niñera de 38 años, que ha criado a hijos ajenos al tiempo que extrañaba a los suyos. “Lamento haberlo hecho”.
En el último cuarto de siglo, Europa ha llevado a cabo por lo menos 20 legalizaciones y otorgado permisos de residencia a aproximadamente 4 millones de personas.
Sin embargo, estas actitudes parecen estar en proceso de cambiar debido a la desaceleración económica.
La tasa de desempleo de los extranjeros asciende a 14,7%, contra 8.7% para los españoles. “La gente empieza a decir: ‘no necesitamos inmigrantes. Deberían regresar a sus países’”, afirmó Sebastián Salinas, abogado de Acobe, grupo defensor de los derechos de los inmigrantes.
Al mudarse a España, Cantos intercambió una serie de problemas por otros. En 1999, pánicos bancarios, un desplome de la divisa nacional y un disparo en el desempleo mandaron a cientos de miles de ecuatorianos a España, donde podían entonces entrar sin visa. Cantos se sumó a ellos en el 2001.
Encontró empleos esporádicos en Madrid, donde repartía volantes, y Delgado, urgida de dinero, lo siguió. Vivían en un departamento de 2 habitaciones, que compartían con otros 7 inmigrantes y salían a trabajar con temor a ser detenidos.
Delgado tenía 2 años de vivir en Madrid cuando España implementó el programa de legalización, que cubría sólo a migrantes con empleos. De los 570.000 solicitantes que tuvieron éxito, dos terceras partes procedían de Ecuador (21%), Rumania (17%), Marruecos (13%), Colombia (8%) y Bolivia (7%).
Al temer que más inmigrantes ilegales cruzaran sus fronteras, los funcionarios franceses, alemanes y holandeses criticaron la iniciativa española. En España, algunos alegaron que el programa también atraía a trabajadores ilegales radicados en otros países europeos.
Lorenzo Cachón, sociólogo de la Universidad Complutense, en Madrid, analizó el “efecto imán” del programa (su tendencia a atraer a otros inmigrantes ilegales) mediante el estudio de registros. La mayoría de los migrantes a España se registra con los gobiernos locales para obtener prestaciones, como el seguro médico. Su número se elevó 20% el año posterior al anuncio del programa, en comparación con el 3% el año anterior.
“Eso significa que el efecto imán es de 17%, máximo”, expresó Cachón, quien agregó que gran parte de ese aumento procedía de inmigrantes radicados en España que se registraron para legalizarse. “Lo considero entonces como un efecto imán reducido”.
Para la familia Cantos, el programa se tradujo en una lucha. Cantos le pagó 1.200 dólares a un abogado que nunca presentó su solicitud, cosa que no descubrió hasta que lo detuvo la policía. Delgado sí pudo presentar sus papeles, pero se dio cuenta de que su patrona no los había firmado para evitar que ella se fuera en un viaje que planeaba a Ecuador. Ganó una larga apelación y Cantos fue legalizado por ser su cónyuge.
Puesto que sus patrones tenían que pagarles más para que siguieran con ellos, el ingreso combinado de la pareja aumentó rápidamente alrededor de 30%. Sus ingresos anuales, unos 44.000 dólares, son más o menos 20 veces lo que Cantos ganaba en Ecuador, donde era la única fuente de ingresos de su familia.
Cantos indicó que, puesto que ya no temía ser arrestado, la legalización le había brindado una “sensación de tranquilidad”. Su visita a Ecuador le recordó todo lo que se había perdido de las vidas de sus hijos. Sus ingresos sólo permitieron que la pareja se trajera a uno de sus hijos a España y eligieron al más joven de ellos, Allan, quien todavía les pregunta por qué se fueron a otro país sin el.
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