Viernes 20 de junio del 2008 Economía

53 despedidos de call center solicitan acción de Ministro

Caso Siemens.

Los 53 trabajadores que fueron despedidos, el 25 de abril pasado, de Siemens Entreprise Communications, empresa que da servicio de call center a  Porta, exigen a las autoridades de Trabajo acciones en torno a su caso y al cumplimiento del mandato 8, que eliminó la intermediación, tercerización y la contratación por horas.

Jorge Freire, abogado de los perjudicados, explicó que 17 de esos trabajadores se debían beneficiar del mandato porque laboraban por horas. Esto es, que debían ser reintegrados a sus labores o recibir una indemnización de $ 4.000 por despido intempestivo. “No ha ocurrido ni lo uno, ni lo otro. La compañía (Siemens Enterprise) alegó que como fueron despedidos, recibieron su liquidación y no son acreedores al mandato”.

Añadió que en la Subsecretaría de Trabajo del Litoral está lista el acta de juzgamiento, pero el director regional, Eduardo Cabrera, “no la firma. Resulta que Siemens está en venta y cuando sea comprada no habrá a quién reclamar”, indicó.

Al resto de trabajadores que tenían contratos fijos, en cambio, les preocupa que no se da trámite a su reclamo administrativo por no haber recibido utilidades, vacaciones, fondos de reserva y décimos.

Uno de ellos es Jaime Baquerizo Sotomayor, quien llevaba tres años, y cuenta que lo liquidaron por apenas nueve meses. Leonardo Moreira, otro despedido, dijo temer por el resto de personas que aún trabajan en el call center, porque podrían perder sus empleos.

A ellos, a raíz del mandato 8, se les hizo un contrato laboral directo, pero se les advirtió que a fines de este mes podrían pasar a otra empresa tras la venta de Siemens Enterprise y porque en julio termina el convenio con la operadora Porta.

En febrero pasado, Siemens anunció que recortaría 6.800 puestos en su unidad corporativa de telecomunicaciones en el mundo, lo que implica vender sus activos en varios países, incluyendo a Ecuador.

En la Subsecretaría de Trabajo se informó que el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, es quien debe pronunciarse.
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