Un informe que recomienda al pleno la suspensión de 30 días por autorizar el pago a una asesora que no asistía a la Asamblea y otro que sugiere la destitución por existir una sentencia ejecutoriada por injurias pesan sobre Fausto Lupera (SP).

En el primer caso, Rossana Alvarado (PAIS), Nécker Franco (PAIS) y León Roldós (RED) determinaron que Lupera infringió el artículo 64 del Reglamento que habla sobre la contratación de los asesores como una responsabilidad de los asambleístas y el 67 sobre los principios éticos de los constituyentes. “Se comprueba que (Magaly Vélez Loor) cobró tres meses sin trabajar”, expresó Jorge Escala (MPD), vocal de la Comisión Directiva.

En el otro, Gina Godoy (PAIS) y Abel Ávila (MPD) aplicaron los artículos 18 y 68 del Reglamento, según los cuales quien tenga “sentencia penal, condenatoria y ejecutoriada” perderá automáticamente la condición de asambleísta. Desde el 26 de mayo existiría una sentencia ejecutoriada por injurias, tras la acusación de Alberto Nazri Adum. “Hay toda la documentación y las pruebas necesarias para recomendar la destitución”, señaló Ávila. César Grefa (Pk) no firmó el documento.

Pero a los dos informes de mayoría se suman dos de la minoría de oposición que determinan que la ley no es retroactiva y por eso no se debería tomar en cuenta el proceso de sentencia ejecutoriada que se inició antes de que Lupera sea asambleísta, y que existen vicios en el proceso en la investigación, firmados por Sergio Chacón (SP), Fernando Alarcón (SP) y Tito Nilton Mendoza (PRIAN).

“Lupera está prácticamente fuera de la Asamblea”, dijo Escala; pero Lupera días atrás ratificó que seguirá hablando de las irregularidades de la Constituyente y la inoperancia del Gobierno. Dijo que todo es parte de una persecución para acallar a la oposición.