Antes que pensar en conceptos novedosos como el de “la silla vacía” o “el buen vivir”, hay que centrar esfuerzos en lograr que, en el futuro, las instituciones realmente funcionen en beneficio de la colectividad, sin ataduras de ningún tipo, para lo cual deben preguntarse previamente, ¿cuál fue la causa para que el Tribunal Constitucional no operara como lo exigía un moderno Estado Democrático de Derecho? ¿Qué ocasionó que el Tribunal Supremo Electoral se convirtiera en un superorganismo sin controles y casi omnímodo que impuso su voluntad violentando la democracia? ¿Por qué las Cortes siguen como siempre?, y me temo que aunque se hagan para sus adentros múltiples preguntas similares a las anteriores, no podrán mejorar sustancialmente al Congreso Nacional, salvo que diseñen un procedimiento selectivo para elegir a los diputados, bien entendido que si es selectivo será también elitista, y aunque la élite sea del pensamiento, no completamente democrático. Casi toda institución plural con numerosos integrantes procedentes de distintas vertientes ideológicas y culturales, al cabo de cierto tiempo se debilita porque una parte importante de la población –la que no votó por la mayoría que toma las decisiones– no se siente representada y hace todo por erosionarla, lo que no es un fenómeno exclusivo del Ecuador.

La teoría constitucional reconoce la llamada ciudadanía del Estado, y eso es lo que básicamente debe ser el objetivo de la Constituyente, es decir fortificar el reconocimiento de los derechos fundamentales (libertad personal, de fe, de conciencia, de expresión, de circulación, de adquisición, etcétera), además de la igualdad jurídica y la garantía de la propiedad, junto con una representación popular con participación proporcional en la Función Legislativa, la independencia de los jueces y un gobierno constitucional responsable que guíe a la nación.

Con lo dicho, se preservará el Estado de Derecho, permitiendo, si no hay manipulación en las instituciones públicas ni en su integración, que el pueblo recobre la confianza perdida en casi todos –por no decir en todos– los estamentos del Estado. Hay que recordar que el punto de partida y la referencia obligada del ordenamiento estatal es la persona humana, y el fundamento que legitima al Estado es promover los objetivos de esta en cuanto individuo.

Por otro lado, existen mensajes ambiguos y difusos acerca de lo que resolverá definitivamente la Asamblea en algunos temas polémicos que crean preocupación en la ciudadanía porque no han quedado claros, como por ejemplo los relativos a la propiedad de bienes inmuebles o a las autonomías que tanto interesan a aquellas comunidades que ya se pronunciaron masivamente a favor de ellas a través de sendas consultas populares realizadas en sus respectivas jurisdicciones hace varios años. No sé por qué se teme a una autonomía que tenga un buen diseño, que respete la solidaridad y la unidad nacionales, y otras cosas menores, como por ejemplo que un estatuto autonómico elaborado por la autonomía en ciernes no vaya a referéndum, para su aprobación o rechazo, antes de que el Tribunal Constitucional haya dado el visto bueno sobre la constitucionalidad de sus disposiciones, y así por el estilo.