Los derechos políticos son de especial importancia en las democracias. Nos permiten elegir y ser elegidos. Gracias a que los tenemos podemos escoger unos representantes y, así mismo, exigirles cuentas. En Ecuador se nos reconoce –hasta ahora– estos derechos políticos, pero con un grave defecto. En nuestro país tenemos, en verdad, derecho a elegir (no a votar), pero obligación de votar (por algún candidato, en blanco o nulo). Si se sabe leer y escribir el voto es obligatorio, si se es analfabeto es facultativo. Esta es la única situación en la que me dan ganas de no saber leer o escribir.

Desde mi punto de vista, un derecho obligatorio ya no es completamente un derecho, es más una obligación. Hemos pasado de un extremo al otro, de prohibir el voto a las mujeres y a ciertos otros en siglos anteriores, a obligarnos a votar en el presente. El tener derecho al voto significa tener la facultad de votar, no la obligación. Pero se cree –o se quiere creer– que si no fuera obligatorio nadie votaría. Naturalmente, esa es una simple excusa para mantener esta ilógica forma de ejercer un derecho que beneficia a la clase política vieja o nueva (que, por lo visto, es igual a la vieja).

El art. 23.11 de nuestra cuasi Constitución (no se respeta, por lo que no puede considerarse completa) habla del derecho a la libertad de religión. ¿Estaría bien obligarnos a ser católicos, judíos o musulmanes porque si no nadie escogería una religión?, ¿sería lógico obligarnos a todos a asociarnos ya que el art. 23.19 de nuestra cuasi Constitución nos dice que a ello tenemos derecho? Así como los derechos tienen una vertiente positiva, también tienen una negativa. Puedo escoger una religión o no escogerla, puedo asociarme o no asociarme y también deberíamos poder escoger entre votar o no. Al tener derecho al voto somos nosotros, y nadie más que nosotros, los que debemos decidir si votar o no, ya que, repito e insisto, es nuestro derecho. Sin embargo, muchos se empeñan en decir que es nuestro deber.

Para los católicos, por ejemplo, ir a misa cada domingo es un deber, pero un deber moral, no jurídico. Es decir, no hay una sanción material si no voy. La Iglesia no me impone una multa si no voy, el Estado sí lo hace si no voto. De esta misma forma ha calificado el sufragio el Tribunal Supremo español en las sentencias 7-07-1981 y 10-04-1982; como un derecho y un deber del ciudadano, pero no un deber jurídico, sino moral y político. ¡Qué envidia!, ellos en 1980 ya tenían bien claro el tema, nuestros políticos, en cambio, están verdes en este tema (cada día están más verdes en todo).

Desafortunadamente, este “pequeño” detalle difícilmente cambiará, pues a los políticos (incluso a los que tanto hablan del cambio) les es más fácil ser elegidos si se obliga a la gente a votar. Es fácil besar, abrazar y dar regalos a miles de personas que, como tienen que votar, elegirán, basándose en los regalos, al futuro presidente, diputado, alcalde, etcétera. Y así, asume el poder el más generoso, el más carismático o el más sonriente, pero no siempre el que mejor va a gobernar el país. Así que yo les propongo, asambleístas revolucionarios, que eliminen esa obligación. Un cambio en nuestro sistema electoral ayudará a disminuir el engaño, el populismo y las  mentiras.

Ya es hora de que los políticos que quieran ser elegidos o reelegidos (en los casos que lo permita la ley) consigan los votos con buenos argumentos y no con camisetas. Ya es hora de que las elecciones dejen de ser una obligación y empiecen a ser un derecho. Ya es hora, asambleístas revolucionarios, de aplicar su revolución al art. 27 de nuestra cuasi Constitución.