La Guardia Civil española desmanteló en la ciudad de Segovia una red de falsificación de contratos de trabajo a extranjeros, en una operación que se saldó con la detención de 11 personas, entre esos un ecuatoriano.

Los arrestados intervinieron, presuntamente, en la falsificación de más de 400 contratos en los últimos tres años, según informó hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

Esta operación policial, denominada "Pasarela", ha servido para descubrir un entramado con sede en Segovia y con ramificaciones en distintas provincias de todo el territorio español, incluida Madrid.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2007, cuando la Guardia Civil detectó los contratos irregulares que estaban realizando algunos empresarios de la construcción a ciudadanos extranjeros que, una vez en España, no llevaban a cabo la función laboral para la que supuestamente se les había contratado.

Las primeras investigaciones permitieron descubrir que esos trabajadores habían pagado importantes cantidades de dinero en sus países de origen por sus contratos.

Latinoamericanos involucrados

Posteriormente, se averiguó que un empresario español, otro ecuatoriano y otro marroquí con residencia en Segovia, estaban obteniendo importantes beneficios facilitando los contratos a personas principalmente de origen marroquí, aunque también se han detectado trabajadores búlgaros, colombianos y ecuatorianos.

Los empresarios detenidos en la provincia de Segovia son J.P.C., de 30 años y nacionalidad española; H.L., de 48 años y de nacionalidad marroquí; y P.V.U.V., ecuatoriano de 26 años.

Los intermediarios detenidos son el colombiano L.U.V., de 28 años; y los marroquíes M.J., de 47 años; A.Y. de 50 años; y F.E.B., de 41 años.

Otras cuatro personas, todas de nacionalidad marroquí, fueron arrestadas por su implicación en esta trama en otras provincias españolas, como Murcia, Alicante y Pamplona.

Asimismo, se localizaron 31 posibles víctimas, -entre ellas siete marroquíes, un búlgaro, un ecuatoriano y dos colombianos-, que habían pagado diferentes cantidades de dinero por su contrato de trabajo y que en algunos casos no habían trabajado ni un solo día en la empresa contratante.

Las investigaciones determinaron que los empresarios detenidos captaban al trabajador en su país de origen a través de intermediarios y le pedían una cantidad de dinero que rondaba entre los 6.000 y los 10.000 euros, para su regularización y posterior contratación con su empresa.

Una vez realizaban el pago, siempre en mano y a un intermediario, le tramitaban la documentación para poder venir a España con un contrato de trabajo.

A su llegada a España para cumplir con ese contrato laboral, descubrían que no disponían del trabajo comprometido, teniendo que buscarse otros medios de vida para poder subsistir y poder cumplir con los pagos para saldar las deudas.

Los detenidos obligaban a firmar a los contratados que se personaban en la sede de la empresa un documento que no entendían, por desconocimiento del idioma y falta de asesoramiento, que resultaba ser la baja voluntaria de la empresa, que les permitía justificar la ausencia del trabajador en caso de una inspección.