Sudamérica recibió con decepción la decisión europea de criminalizar aún más la inmigración ilegal al permitir la detención de indocumentados por hasta 18 meses, vaticinando "tiempos difíciles" para miles de sus ciudadanos que residen en Europa en forma precaria.

Paraguay, además, anunció que pedirá que los presidentes de los países del Mercosur, integrado también por Brasil, Argentina y Uruguay, anuncien su rechazo conjunto a la medida en un encuentro este mes en la ciudad argentina de Tucumán.

Los inmigrantes ilegales podrán ser detenidos por hasta 18 meses y enfrentar una prohibición de reingreso de hasta cinco años a la Unión Europea, según la norma que regirá desde el 2010 tras su aprobación el miércoles por el Parlamento, que refrendó un acuerdo de los ministros de Interior europeos.

La llamada "Directiva de Retorno", que armoniza los procedimientos sobre deportación de ilegales en el Viejo Continente, socava los derechos humanos, según sus críticos.

La nueva norma establece que los niños también podrán ser detenidos, aunque por un lapso más breve.

El Reino Unido e Irlanda, que no forman parte del llamado acuerdo de Schengen que creó la zona sin fronteras de la UE, no implementarán la nueva ley. Dinamarca decidirá en seis meses si la aplica o no.

"Ellos criminalizan el derecho humano de entrar en cualquier lugar del planeta, una verdadera vergüenza para esa Europa que antes era una Europa de luces", dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien anunció un "frente común" latinoamericano para protestar contra "una agresión".

Según datos oficiales, más de un millón y medio de ecuatorianos residen fuera de su país, casi la mitad de ellos en España y un 10% en Italia. Otras fuentes señalan que el número de ecuatorianos emigrantes supera los dos millones y medio.

Merscosur

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que "establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales".

Y agregó: "migrar no es un delito. Por lo tanto, (el Gobierno argentino) rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal".

"Se vienen meses muy difíciles para nuestros compatriotas", dijo desde Madrid el embajador paraguayo en España, Óscar Cabello Sarubbi.

"Esto de 18 meses (de retención) para un migrante irregular es superior a la pena que se impone por un robo violento", dijo por su lado el director general de Asuntos Especiales de la cancillería de Paraguay, Víctor Hugo Peña.

Unos 70.000 paraguayos residirían en Europa en forma irregular, según cálculos oficiales.

En Montevideo, la Cámara de Senadores de Uruguay declaró su rechazo a una decisión que consideró "constituye una violación a los derechos humanos básicos".

Además, expresó que la norma es una "flagrante incongruencia de la Unión Europea que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes".

En tanto, la Cancillería de Brasil señaló que "lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la migración y va en el sentido contrario al de una deseada reducción de obstáculos a la libre circulación de personas".

CAN

"Se está equiparando al ilegal, que ha hecho una falta administrativa, con el delincuente común", dijo el cónsul de Perú en Madrid, Carlos Fernando Isasi. Unos 116.000 peruanos viven en España y otros 105.000 residen en Italia.

"Esta noticia va enturbiar las relaciones con Europa y generar un cuestionamiento profundo a varios países de America Latina, pero tengo la esperanza de que se pueda buscar un cauce a través de la negociación para atenuar esta medida y buscar un acuerdo de migración", dijo el ex canciller de Bolivia Armando Loayza.

Agregó que la directiva creará fricciones con Europa y recomendó una negociación en bloque a nivel de la Comunidad Andina (CAN) o del Mercosur para buscar atenuar su efecto.

El canciller de Colombia, Fernando Araújo, dijo que su país está analizando el tema de las migraciones dentro de una negociación de la UE con la CAN, que su país integra junto con Ecuador, Perú y Bolivia.